Esta agencia, dependiente de les Corts, ha presentado su memoria anual de 2020.
El director de la Agencia, Joan Llinares, ha destacado que las irregularidades en la contratación pública están centradas en el fraccionamiento en contratos menores para no tener que pasar por concursos públicos. También denuncia el incumplimiento de los plazos de ejecución, lo que genera sobrecostes a las arcas públicas.
Otra de las cuestiones sobre la que alerta la Agencia Antifraude es la concesión de subvenciones públicas de manera irregular.
La mayoría de las administraciones públicas denunciadas, un 64 por ciento, son ayuntamientos y el 51 por ciento son consistorios de la provincia de València.
Por otra parte, en 2020 la Agencia Antifraude recibió 35 solicitudes de protección. A 24 de ellas se le ha concedido el estatuto de persona protegida.
