La Asociación València Laica estima que en la Comunitat Valenciana puede haber cerca de 3000 propiedades inmatriculadas por parte de la Iglesia cuyos responsables aseguran que son tan sólo en torno a 900. En todo el territorio español se estima que puede haber 100.000 inmatriculaciones inconstitucionales por legalizar.
Exigen información suficiente de todas las inmatriculaciones, la recuperación de los bienes inmatriculados y la defensa del patrimonio público. La coordinadora de la entidad en València, Raquel Ortiz, reitera que la Iglesia no está pagando impuestos por los edificios que no están registrados legalmente.
Piden soluciones de los Gobiernos
Afirma que ante esta situación son tanto el Gobierno Central como los gobiernos autonómicos los que tienen que adoptar medidas y exigir a la Iglesia que regularice la situación de sus propiedades. Insiste en que el Gobierno abandona a particulares y entidades locales para que lleven a cabo procesos judiciales por la recuperación de los bienes arrebatados por la jerarquía católica.
Reitera que esta reclamación no tiene nada que ver con las creencias puesto que no están en contra de las religiones.
