La votación de la Ley del Juego se retrasa al jueves con el rechazo de la oposición por las limitaciones en el uso de las tragaperras
El pleno de Les Corts ha arrancado con el intenso debate del proyecto de Ley de regulación del juego y de prevención de la ludopatía en la Comunitat Valenciana, que finalmente se votará el próximo jueves tras el recurso de Vox contra el voto ponderado acordado la pasada semana en la Junta de Portavoces y su petición de que la votación se lleve a cabo de forma telemática.
Al inicio de la sesión el debate se ha centrado en las formas más que en el fondo de la propia ley a debate y el presidente del parlamento, Enric Morera, ha dado cuenta del escrito presentado por Vox en contra del voto ponderado, informando de que este lunes se produciría el debate y la votación el jueves, tras la sesión de control al 'president'.
José María Llanos (Vox) ha calificado esto de una "absoluta barbaridad" al considerar que para ejercer el voto telemático había que hacerlo 24 horas antes del inicio del pleno, que entiende como una unidad aunque se prolongue durante tres días.
La portavoz del PP, Isabel Bonig, ha reclamado también un informe de los letrados de la cámara para adoptar una decisión fundamentada "en criterios objetivos y jurídicos", mientras el socialista Manolo Mata ha recordado que el jueves se realizaría la votación de todos los puntos del orden del día y no solo este.
Morera ha informado de que se estaba garantizando la seguridad jurídica y ha señalado tras una reunión en el hemiciclo con los portavoces que se votará el jueves, dando paso al inicio del debate sobre la nueva Ley del Juego.
El diputado del PP Rubén Ibáñez ha advertido que "lo que mal empieza, mal acaba" y esta "caótica" tramitación parlamentaria de la ley "tiene este caos en su final". A su juicio, esta ley debía tener como fin regular el juego responsable a base de derechos y obligaciones pero "no lo cumple, es una imposición, un trágala".
Además, ha añadido, "no hay planificación del sector, cuando entre en vigor esta ley ninguno de los derechos que pretende proteger se va a proteger de manera inmediata", y también ha apuntado a "incógnitas" como "qué tienen los bingos y casinos que no tengan las casas de apuestas" y por qué hay juegos que se regulan y otros que no, como la venta de lotería a menores. "¿Duros? Muy bien, pero con todo el juego", ha insistido.
Ibáñez también ha apuntado que el único partido que ha tenido "relación comercial con empresas del juego" ha sido el PSPV, al haber venido su sede "a una empresa del juego" y "curiosamente en el mismo momento que se iniciaba la tramitación de la ley".
El socialista José Muñoz ha salido al paso pidiendo al PP que diga "claramente qué quiere decir cuando dice que el PSPV hace negocios con el sector del juego". "¿Qué está insinuando? Además de ser radicalmente falso, está insinuando que estamos cometiendo corrupción, sean valientes", ha espetado. Ibáñez le ha replicado que solo ha expuesto un hecho "objetivo, público y notorio".
En cuanto a la ley en sí, Muñoz ha señalado que hoy es uno de esos días en los que uno se da cuenta "de la importancia de la política, de aguantar y resistir", ya que se ha "señalado a diputados" y luego "tiene consecuencias". Además, ha aludido a la concentración a las puertas de Les Corts contra la nueva ley "para intentar condicionar".
El socialista se ha mostrado convencido de que esta nueva regulación no va a provocar la pérdida de puestos de trabajo y ha recordado que también con la ley antitabaco se decía lo mismo y no ocurrió. Además, ha incidido en que no se puede ligar la hostelería a la tenencia de máquinas tragaperras y, en todo caso, ha subrayado, que con esta ley "solo se pone un mando a distancia" para activarlas, como con las máquinas de tabaco.
"Ha habido diálogo (con el sector) pero no podemos asumir todos los argumentos de una parte", ha indicado, para agregar que el gran problema en la actualidad es el incremento que ha habido en las casas de apuestas y salones de juego, que "vienen de la herencia del PP, que los dejaron campar a sus anchas sin ningún tipo de regulación".
El 'popular' le ha replicado que esta ley es "una loa a la inseguridad jurídica" y seguirá habiendo administraciones de loterías frente a colegios. "Es una vergüenza cómo pretenden recubrir de derechos la imposición y el cierre de una actividad económica", ha concluido.
Ruth Merino (Cs) ha criticado que se han introducido en la ley cuestiones relevantes mediante enmiendas "para saltarse los controles" y que no se ha escuchado a todos los sectores afectados porque "reunirse no significa escuchar".
A su juicio, los "famosos 850 metros (de distancia de colegios a salas de apuestas) los decidieron a ojo de buen cubero" y se están ignorando las consecuencias laborales de esta norma, además de "la alta probabilidad de que sea directamente nula o inconstitucional en algunos puntos".
"Lo de hoy es el remate del desprecio a la oposición y una chapuza legislativa", ha agregado, ya que el verdadero problema, el juego online, "seguirá existiendo" y el juego público continuará ante los colegios "sin restricción", lo que considera "la gran hipocresía".
La diputada ha criticado que va a tener "efectos económicos demoledores para lo poco efectiva que va a ser" y ha preguntado si este es el momento, "con miles de empresas en quiebra", de "condenar a hosteleros al cierre".
Graciela Ferrer (Compromís) ha reiterado la necesidad de esta ley, que "hace compatible la actividad económica con el interés general y superior de garantizar el derecho a la salud" combatiendo la ludopatía y reduciendo especialmente la exposición al juego de los adolescentes.
"Votaremos rotundamente a favor aunque la derecha no esté a la altura y esté atrapada en la defensa de los intereses particulares de unos pocos", ha aseverado, para agregar acto seguido: "Sacaremos esta ley adelante contra el viento y el sabotaje de la derecha".
El diputado de Unides Podem Ferran Martínez ha lamentado, en este sentido, que haya habido quien ha intentado "por todos los medios" que esta ley pudiera debatirse y votarse, y ha subrayado la urgencia de la norma en un momento de crisis como el actual en el que "mucha gente puede verse tentada por el juego y acabar devorada por él".
"En las últimas semanas la presión de los lobbys se ha intensificado, pero ni con todo su ejército de influencia han logrado tumbar esta ley", ha destacado, al tiempo que ha recordado a los diputados que en este caso "la línea que se para lo que está bien y mal es diáfana".
Llanos (Vox) ha asegurado que su grupo se abstendrá porque esta ley no puede ser "ni rechazada ni apoyada en su totalidad", pero ha subrayado que no es conveniente aprobarla ahora porque será "un duro varapalo para autónomos y pequeños comercios cuyo sustento en mayor o menor porcentaje son los juegos recreativos".
"Ni es el momento ni hay una alarma social tan relevante sobre este tema, y mucho menos con la que está cayendo", ha zanjado.
La ley introduce algunas novedades, por ejemplo, en cuanto a las máquinas tragaperras que están dentro de locales de hostelería, que contarán con un mecanismo de activación y desactivación y no podrán emitir luz y sonido mientras no estén siendo usadas.
Se plantea, asimismo, la eliminación progresiva de las máquinas auxiliares de apuestas conforme vayan acabando las licencias, y se incorpora un título nuevo en la norma sobre medidas de prevención del juego patológico.
También se establece en la ley una distancia mínima para salones de juego y casas de apuesta de 850 metros respecto a centros escolares. Asimismo, se restringe la publicidad de las casas de apuestas y se incentivará con beneficios fiscales y ayudas a medios de comunicación, clubes deportivos y asociaciones que hagan campañas contra la ludopatía.