El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha lamentado este miércoles que el Gobierno trate el tema de la inmigración con "frivolidad y ligereza". "Cuando se habla del reparto de menores inmigrantes, Europa se borra, el Gobierno se borra y los ayuntamientos no quieren albergar centros”, ha añadido.
Mazón, que ha protagonizado este miércoles un desayuno informativo de La Razón en Madrid, ha explicado que la Comunitat Valenciana tiene "financiación para 317 plazas, pero tengo acogidos a 481 menores. De modo que tenemos colapsados los centros. Ya he aprobado el examen de solidaridad, nos tendrían que dar un matrícula de honor de la solidaridad. Las autonomías no estamos siendo tan poco serias como el Gobierno de España, que se limita a pasar el problema sin recursos a otras administraciones”, ha dicho también ante la conferencia entre Gobierno y autonomías y sobre la reforma de la Ley de Extranjería que prevé un reparto obligatorio de menores inmigrantes en casos de saturación de las zonas receptoras.
“El famoso texto legal que nos trae el Gobierno ha sido trabajado con tal sentido de estado que nos lo enviaron el martes a las seis de la tarde. ¿Por qué hay comunidades que van con sus enmiendas preparadas y nosotros no? Cuando me han preguntado por esta ley debería haber dicho… qué ley? No la he conocido hasta ayer. Tengo expertos estudiándola y en su momento daré una opinión”, ha dicho. El President ha explicado que a los menores que llegan por reparto entre autonomías, la Comunitat Valenciana suma los que arriban a sus costas por patera o los que entran “por la puerta de atrás” al acompañar a adultos.
"Solo con recursos"
La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Susana Camarero, ha asegurado este miércoles que “la Comunitat Valenciana no puede aceptar un menor más si el Gobierno no se compromete a negociar las condiciones”. La número 2 del Consell insiste en que necesitan "más recursos económicos y humanos" para atender la saturación de los centros valencianos, ya que, en estos momentos, ya existen en la Comunitat 80 menores que llegaron entre “mayores” y que no están reconocidos por el Gobierno.
“Esto supondrá un coste adicional hasta final de año de siete millones de euros”, ha añadido.
