Desde la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (AERTE), de la que forman parte no sólo empresas del sector si no también ayuntamientos, aseguran que hasta el pasado verano la ayuda para dar cobertura a una plaza en una vivienda tutelada era de 2350 euros y ahora se ha reducido a 715 euros lo que ha provocado que muchos usuarios no puedan asumir el coste total de su plaza.
En la actualidad recuerdan que en torno a unas 550 personas son atendidas en las viviendas tuteladas. Afirman que no quieren atender a los usuarios por su capacidad económica si no por la necesidad que tienen. Desde AERTE su presidente José María Toro recuerda que cada vez que un usuario cambia de servicio la Consellería le recalcula la ayuda.
Reitera que advirtieron que este tipo de servicios comunitarios, más cercanos y pequeños tiene un coste mayor y ahora según Toro la administración se ha dado cuenta de esto.
También les preocupa que el nuevo decreto de tipologías que busca mejorar los recursos de la Comunitat Valenciana no cuente con la dotación suficiente para asumir el incremento de costes que va a generar que creen puede provocar que los usuarios tengan que pagar más dinero o que se queden fuera del sistema.