Se espera que la próxima semana el TSJCV falle en torno al recurso presentado por el Valencia por la caducidad de la ATE del nuevo Mestalla. Generalitat y Ayuntamiento decidieron dar por caducada la ATE e instaron al Ayuntamiento a que buscara una fórmula, el famoso convenio, para que se pudieran mantener los mismos beneficios urbanísticos. Mientras el Valencia presentaba sendas demandas al entender que no había motivo para caducar la ATE esgrimiendo el argumento de que nunca tuvieron la intención de abandonar la obra.
Pero hay que recordar los motivos por los que se declaró caducada la ATE. Según se recoge en la resolución publicada en el DOGV "procede la declaración de caducidad de la ATE (Actuación Territorial Estratégica «Valencia Dinamiza»), por incumplimiento de los compromisos asumidos por el Valencia CF en los plazos previstos para la Fase I y la fase II, subfase 1".Es decir, el Valencia debía cumplir unos hitos en un determinado plazo de tiempo que fue incumpliendo de manera sistemática.
En dichos plazos establecía que entre 2018 y mayo de 2021 se debía acometer la urbanización del entorno del nuevo estadio además de construir un espacio comercial anexo al nuevo estadio y la construcción del polideportivo público en el barrio de Benicalap. De mayo de 2021 a mayo de 2023 se debía llevar a cabo la demolición y derribo del campo de Mestalla además de la construcción del centro comercial y aparcamiento en la parcela donde se ubica el actual Mestalla. Y ya de mayo de 2023 al mismo mes de 2025, en la última fase de la ATE, se comenzarían a construir los seis bloques de viviendas donde hoy se ubica el estadio de Mestalla.
Ninguno de estos plazos se han cumplido con lo que parece poco probable que el TSJCV falle a favor del Valencia pese a sus recursos.
En su intento por demostrar que nunca han abandonado la obra presentaron ante el Tribunal un informe del secretario municipal que da por no caducadas las licencias de obras y en el que se recoge que "por parte del titular de la licencia impide apreciar la concurrencia de una inequívoca voluntad por parte del mismo de abandonar la obra y su proyecto de construcción, no concurriendo, por tanto, uno de los requisitos exigidos por la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo para que sea posible aplicar el instituto de la caducidad". Hay que recordar que este informe jurídico se realizó por exigencia del ex vicepresidente del Valencia Miguel Zorío quien puso en duda si las licencias de obra estaban o no caducadas y él mismo lo solicitó.
