El contrato actual de la grúa municipal lleva prorrogado casi tres años, desde que en octubre de 2017 el Ayuntamiento de València llegó a un acuerdo con la empresa concesionaria (la UTE Pavapark Movilidad y Autobuses Playa San Juan) para rescindirlo, debido a la escasa calidad del servicio. Esa decisión ya le supuso al Consistorio tener que pagar una indemnización de 2,5 millones de euros a la contrata. Pero es que además, la prórroga del servicio le está costando cada mes al Ayuntamiento alrededor de un 60 por ciento más de gasto de lo que preveía el contrato rescindido. En total el Consistorio ha abonado a la concesionaria más de 10 millones de euros durante estos casi tres años sin contrato mediante la fórmula del "reconocimientos de obligación".
En marzo del año pasado la Agencia Valenciana Antifraude instó al gobierno local a iniciar de manera urgente el proceso de licitación, para acabar cuanto antes con esta situación tan anómala. El organismo de fiscalización consideró que no hay atisbo de práctica corrupta en este caso, pero insistía en la necesidad de sacar la licitación pública y acabar así con los pagos fuera de contrato a la mencionada UTE.