El último informe elaborado por la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politécnica de València (UPV) alerta de que la oferta está menguando de manera alarmante en la ciudad y su área metropolitana, y de que la evolución del mercado inmobiliario “lleva camino de ser insostenible”. De acuerdo con este informe, el precio de venta y de alquiler ha subido un 10% en el primer trimestre de este año. El estudio califica el panorama de la vivienda en Valencia como “muy preocupante, sobre todo a corto plazo”.
La Cátedra considera un error negar la falta de oferta alegando la existencia de “viviendas vacías”. En este sentido, asegura que la gran mayoría de ellas no están en condiciones de habitabilidad ni tienen alta de luz, y presentan un estado “casi ruinoso”.
El otro gran problema, según este informe, es que los salarios de los jóvenes y de los colectivos más vulnerables hacen inviable la compra de un inmueble, quedando únicamente para ellos la opción del alquiler. Pero con una cuota media superior a los 1.600 €/mes, para quienes más precariedad laboral padecen tampoco es posible esta solución, quedando únicamente la opción de alquiler de habitaciones, que ya alcanza precios disparatados. Todo ello está aumentando la cantidad de gente durmiendo en las calles o en asentamientos de chabolismo.
Efectos negativos de la nueva ley
La Cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV considera que la entrada en vigor de la nueva ley estatal de la vivienda “ha sido desastrosa para el mercado del alquiler”, pues ha expulsado viviendas debido a la imposibilidad de que los propietarios vinculen la cuota a la inflación y la protección frente a la “okupación”. La realidad que presenta el informe es contundente: en la ciudad de València hay aproximadamente 1.300 viviendas en alquiler tradicional, frente a más de 2.100 viviendas en alquiler de corta duración (menos de 11 meses). Es decir, casi el doble de viviendas respecto al alquiler tradicional son alojamientos turísticos para evitar esa ley.
Una solución que se plantea desde la Cátedra es que la Administración sea garante de los alquileres de vivienda pública, así como de aquellos que se quieran sumar con sus viviendas a esta iniciativa. Es decir, que la Administración responda en caso de impago ante el propietario si un inquilino deja de pagar y la ley actual impide su desahucio. No se cuestiona que haya que proteger a una familia vulnerable, sino que el coste recaiga en el propietario de una vivienda. Con esa garantía -dicen- se revertiría la situación, quedando únicamente la revisión por inflación.
El presente informe concluye reiterando que hacen falta nuevas viviendas, y a un precio accesible. En este sentido plantea relajar las actuales normativas de construcción para que los costes no sean tan elevados. “La elección será, por tanto, viviendas dignas, pero no con el nivel de equipamientos y exigencias de un edificio de renta libre, o la alternativa, es decir, que no se construyan viviendas y sigamos abocando a infraviviendas (chabolismo) a los más vulnerables”.
