Máximo Caturla, ex secretario autonómico de Educación y ex consejero delegado de Ciegsa, ha defendido su trabajo en Ciegsa y ha negado un pacto con el expresidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia Alfonso Rus sobre contratos en la empresa pública: "¿Qué pinta ahí alguien que en ese momento, por decirlo de alguna manera, era alcalde de su pueblo?".
Caturla, quien se enfrenta a 12 años de prisión --tal y como le reclama el fiscal-- se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de acusado, en las piezas B y F del caso Imelsa, que suma 25 acusados, entre ellos Rus --quien también fue alcalde de Xàtiva (Valencia), el exsubdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio y el exgerente de Imelsa y autodenominado 'yonki del dinero' Marcos Benavent.
El acusado --el primero que ha querido responder a las preguntas formuladas por el fiscal-- ha explicado que fue consejero delegado de Ciegsa desde diciembre de 2004 hasta que cesó en julio de 2007, así como secretario autonómico de Educación desde 2003 a 2007. Fue también miembro del Consejo de Administración de Imelsa y vicepresidente tercero de la Diputación de Valencia en 2007.
Ha indicado que conocía a Rus "por la política", probablemente desde 2003: "En esos momentos los municipios necesitaban colegios y los alcaldes, entre ellos Rus, se reunían con nosotros para saber si se podían hacer", ha expuesto. A Benavent no lo conoció hasta que estuvo en la Conselleria de Educación, en 2004-05.
Para efectuar nombramientos en Ciegsa, el acusado se ha respaldado en recursos humanos y en el despacho de Broseta y ha asegurado que no necesitaba la autorización de Rus para nombrar a personal: "Pues no", ha contestado. En esta línea, ha afirmado que no había ningún pacto con Rus en relación con la contratación: "No tiene absolutamente nada que ver Rus con Ciegsa, ni en la contratación ni en nada. ¿Qué pinta, entre comillas, alguien que en ese momento, por decirlo de alguna manera, era alcalde de su pueblo?", ha interpelado.
Caturla ha negado la existencia de 'zombies' en Ciegsa, al menos en la etapa en la que él fue consejero delegado. Preguntado por uno de los supuestos 'zombies' contratado como alta dirección, el acusado ha indicado que los contratos "los realizaba y diseñaba Broseta y son contratos de alta dirección porque lo dice Broseta, que es quien tipifica la forma del contrato. Ni yo ni nadie de la comisión ejecutiva, sin formación jurídica suficiente, decide este tipo de contratos", ha insistido.
Preguntado por otro de los 'zombies' que manifestó en el juicio que estuvo en Ciegsa durante un año aproximadamente y luego trabajó para el PP, el acusado ha aseverado que éste trabajó en Ciegsa en el tiempo en el que él fue consejero delegado: "Lo que hizo después con el siguiente consejero delegado no es mi responsabilidad, a mí se me escapa. La responsabilidad del periodo siguiente no es mía. En mi periodo de tiempo trabajó porque yo lo veía", ha expuesto.
En relación con otra supuesta 'zombie', Caturla ha señalado que parece que hubo algún error en contratación porque en el momento en que se efectuó el contrato estaba el exconseller Esteban González Pons: "Me choca mucho el concepto del contrato, la fecha... y no sé si lleva mi firma", ha señalado.
"HICIERON BUEN TRABAJO"
En la sesión de este viernes también ha declarado Rafael Rubio, quien ha defendido el trabajo realizado por las dos asesoras que estaban bajo su cargo, Carolina de Miguel y María Teresa Gimeno. "Hacían trabajos y bien hechos", ha aseverado para negar que fueran 'zombies' en Imelsa.
Rubio, quien se enfrenta a seis años de prisión, ha afirmado que en su grupo había dos asesores, "unos puestos que ya existían", y lo que él hizo fue cambiarlos tras proponer a otras personas que le generaron confianza.
Era un trabajo únicamente para cuatro meses, tal y como ha explicado, porque luego no iba a seguir en el cargo de diputado. Así, le fue complicado encontrar a alguien y propuso a Carolina de Miguel a través de una conocida suya. "Me llevé una sorpresa cuando hablé con ella porque había estado trabajando en el grupo socialista del Congreso en Madrid y me pareció fantástica. Estoy muy contento con el trabajo que hizo", ha subrayado, tras incidir en que no decidía nada de las cláusulas o términos del contrato.
A De Miguel, ha añadido, le fue encargando trabajos y, tras ello, le pasaba unas "notas", que no informes administrativos. Preguntado por si conserva esas notas, ha respondido: "Antes de irme de portavoz de la Diputación elaboré un dossier de cuatro años de gestión del grupo socialista en la Diputación, como consejero de Imelsa y otras dos sociedades. Me basaba en esas notas para dar un toque personal al dossier", ha dicho.
Rubio, quien ha expuesto que se reunía con De Miguel tanto en la Diputación como en un bar, "puesto que ella hacía un trabajo de campo", ha explicado que la segunda asesora que propuso fue María Teresa Gimeno. A Gimeno le dio funciones "muy específicas" e "hizo su trabajo perfectamente". Le contrató para atender llamadas por las tardes y para otras tareas administrativas, ha descrito.
Por su parte, María Teresa Gimeno, algo indispuesta durante el juicio, ha manifestado a preguntas de su abogado que entró en Imelsa por el exsubdelegado de Gobierno en Valencia y exdiputado (PSPV) Rafael Rubio, a quien conoció en una campaña electoral.
Según ha explicado, Rubio le propuso un trabajo "fácil" en Imelsa, durante "unos pocos meses", y le gustó, con lo que aceptó. "Trabajaba en la Diputación por las tardes y no se me exigió fichar. Coincidía con Carolina, Juan y el secretario de Rubio. Hacía lo que me mandaba Rubio, como coger el teléfono o revisar la prensa para ver si encontraba algo de los municipios o los colegios", ha señalado.
Otro de los acusados que ha declarado este lunes ha sido Juan Antonio Sanz, quien ha explicado que fue contratado como asesor del exvicepresidente de la Diputación Juan José Medina y para llevar las redes sociales de la empresa.
Durante el juicio ha declarado también el exdiputado del PP Salvador Enguix, quien presuntamente certificó trabajos de 'zombies'. Preguntado por estos certificados, ha explicado que "normalmente" leía todos los documentos que le pasaba su secretaria pero "podía haber momentos de prisa o lo que sea y no lo hiciera", ha puntualizado. De haber sido que esos empleados no trabajaron, no habría firmado los certificados, ha concretado.
"NO ME EXTRAÑÓ"
Otra acusada, Clara Sáez, ha justificado su trabajo y ha indicado que antes de ser contratada por Ciegsa ya se encontraba trabajando en la Conselleria de Cultura y Educación, donde hacía "numerosas notas de prensa". En un momento dado, ha explicado que le dijeron que iba a firmar un contrato nuevo y que iba a pasar a depender de Ciegsa: "No me extrañó porque ya hacía cosas para Ciegsa. Me dijeron que no iba a cambiar mi trabajo y tampoco cobraba más", ha descrito.
"Me sacaron el contrato, lo firmé y me fuí. Lo leí pero en ese momento no sabía que era un contrato de alta dirección porque, de hecho, ni mi sueldo ni mis atribuciones eran así. Jamás se me explicó nada de eso, mi trabajo era de continuidad con lo que ya estaba haciendo", ha insistido.
"Para mí era una reformulación de contrato y no pensaba que había nada raro. Yo hacía de todo en el gabinete, tanto para Ciegsa como para la Biblioteca, Patrimonio, de personal... hacía de todo", ha apostillado.
