Compromís ha logrado finalmente los apoyos que necesitaba para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la llamada Ley de Libertad Educativa que aprobaron PP y Vox en junio en Les Corts. El proceso requería de un mínimo de 50 diputados que son los que han dado su apoyo y que pertenecen a Sumar, ERC, Bildu, Junts, Podemos y BNG.
En declaraciones ante los medios, tras concentrarse en la Puerta de los Leones del Congreso, la portavoz de Compromís, Àgueda Micó, ha asegurado que el recurso es un mensaje "muy claro" para los 'populares' al tiempo que ha criticado que, a su juicio, ha legislado "en contra de la lengua propia".
Para los firmantes, la norma es "inconstitucional". "Va en contra de los derechos lingüísticos del alumnado, obliga a las familias a matricular a sus hijos antes de saber en qué lengua van a recibir las clases e impide que en las zonas castellanohablantes se pueda aprender en valenciano y dominen las dos lenguas oficiales", censuran en un comunicado.
Según el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, los 50 diputados firmantes del recurso "van a tener que explicar si creen o no en el Estado autonómico y si tratan de que siga en la Comunitat Valenciana ese 'procés' de imposición catalanista que ha dominado estos últimos ocho años".
"Se quieren pasar por el triunfo el Estatuto de Autonomía", ha apuntado el jefe del Consell al tiempo que ha criticado "la velocidad con la que se apoyan las imposiciones separatistas en una comunidad española y la rapidez con la que se actúa contra el autogobierno de los que -ha dicho- queremos la igualdad, la libertad y la ausencia de imposiciones".
Comisión Gobierno - Consell
Al margen de esto, el Gobierno, que discrepa de tres apartados de la ley educativa, está llevando a cabo negociaciones en la comisión bilateral entre ambas Administraciones que buscan evitar un recurso de inconstitucionalidad.
En concreto, el Ejecutivo pone el foco en el artículo 14 referido a la exención de la evaluación y calificación del valenciano para el alumnado de zonas castellanoparlantes.
Tampoco comparte el contenido de la disposición adicional primera, sobre la educación plurilingüe en las enseñanzas de Formación Profesional, Formación de Personas Adultas y enseñanzas de régimen especial, según el cual la Conselleria determinará los supuestos de exención de evaluación del valenciano a personas que no lo hayan cursado con anterioridad.
En tercer lugar, discrepa del contenido de la disposición adicional cuarta, que regula situaciones excepcionales relativas al requisito lingüístico del profesorado y permite que el funcionariado de otras comunidades que pida una comisión de servicios en la Comunitat pueda obtenerla durante cuatro años sin acreditar conocimiento del valenciano.
Para el conseller de Educación, José Antonio Rovira, se trata de "pequeñas discrepancias" y confía en su resolución. También se ha mostrado "encantado" con el hecho de que partidos "catalanistas" como Junts y Esquerra recurran la ley de libertad educativa de la Comunidad Valenciana". "Eso demuestra cuál es el objetivo", ha afirmado.
Al respecto de los puntos que critica el Gobierno, ha explicado, respecto al artículo 14 --que se refiere a la exención de la materia de Valenciano en la evaluación y calificación del alumnado y fomento de su estudio en zonas de predominio lingüístico castellano--
"autoriza a que los alumnos que viven en zonas castellanoparlantes tienen derecho a la exención desde el año 83, esa es la discrepancia".
Por otra parte, en cuanto a las disposiciones adicionales sobre la Educación plurilingüe en otras enseñanzas del sistema educativo y acerca de las situaciones excepcionales relativas al requisito lingüístico del profesorado, Rovira ha indicado que desde su departamento la "estudiarán".
"El Gobierno dice que lo hagamos --la exención de cuatro años para formarse en valenciano a personas que vengan de fuera de la comunidad-- solo en casos excepcionales por temas de conciliación familiar. Y nosotros abríamos la mano a que personas docentes de otras comunidades puedan venir y darles un plazo para que se saquen su titulación de valenciano", ha especificado.
El conseller de Educación ha defendido que la Ley ha pasado "todos los filtros jurídicos" del Consell Jurídic Consultiu.
