La ordenanza de convivencia es especialmente relevante porque debe otorgar al Ayuntamiento instrumentos para prevenir y sancionar algunos de los comportamientos que más conflictos ciudadanos generan, como el “botellón”, el vandalismo o los “gorrilas”. En el caso del “botellón”, el último borrador elaborado en 2021 por la Concejalía de Protección Ciudadana del edil socialista Aarón Cano no contemplaba sanciones por el consumo de alcohol en la calle –porque eso es competencia de la Policía de la Generalitat- sino por las molestias vecinales que provocan las concentraciones de jóvenes bebiendo en la calle. La normativa prevé multas de hasta 750 euros en estos casos y de hasta 1.500 para quienes utilicen las redes sociales para convocar “botellones” multitudinarios.
Este último borrador también contemplaba sanciones para conductas racistas o sexistas, para quienes hagan pintadas o dañen espacios públicos con actos vandálicos, o para determinadas formas coercitivas de ejercer la mendicidad como los “gorrillas”. En este caso las multas pueden llegar hasta los 3.000 euros en el caso del acoso sexual. El borrador fue redactado por la Universitat de València a través de un convenio en el que el Ayuntamiento invirtió 120.000 euros. Pero su aprobación sigue pendiente del visto de los servicios jurídicos municipales, que han puesto objeciones a algunos de sus artículos.
Pero ya antes, en 2018, la entonces concejala de protección ciudadana, Anaïs Menguzzato, presentó un primer texto de esta normativa. Aquél borrador apostaba por la reeducación en vez de la represión y proponía la realización de cursos de concienciación y voluntariado a los padres de los menores multados por hacer botellón, como alternativa al pago de esas sanciones. Un aspecto que desapareció de un plumazo cuando Aarón Cano sustituyó e Menguzzato al frente de esta concejalía.
Así las cosas, la aprobación de esta ordenanzas quedará en manos del gobierno que surja de las elecciones municipales del 28 de mayo. Y, sobre todo si hay cambio de color político en el ejecutivo, es muy posible que se retrasará todavía más porque es seguro que el nuevo gobierno querrá incluir sus propuestas en las dos normativas.
