El Gobierno valenciano ha fijado el precio máximo de venta de la Vivienda de Proteción Pública en 2.200 euros por metro cuadrado. No obstante, esta cuantía podrá ser modificada en función de las variaciones en los costos del material y en cualquier caso no excederá al precio de mercado de la vivienda libre de obra nueva.
Así, figura en el Reglamento de Vivienda de Protección Pública que ha aprobado este viernes el pleno del Consell para tratar de hacer frente a la escasez de vivienda asequible ante los efectos de la inflación y subida de tipos de interés actuales.
Al respecto, la portavoz, Aitana Mas, ha explicado que este precio máximo de venta de referencia se establece en el momento de aprobación de esta norma en toda la Comunitat Valenciana y se sitúa por debajo de los precios de mercado de la vivienda libre extraídos del Consejo General del Notariado, con posibles actualizaciones en base a los costes de ejecución material, según referencia anual del Módulo Básico de Edificación (MBE) del IVE.
Por su parte, el precio máximo del alquiler se calcula en base a las diferentes escalas de ingresos de la unidad de convivencia e incluirá los gastos de comunidad ordinarios. Así, por ejemplo, una unidad familiar que gane 1.600 euros mensuales no se le podrán exigir más de 420 euros de alquiler para una vivienda tipo de 70 m2.
El reglamento también regula la posibilidad de reserva de hasta un 100% de las viviendas de promociones privadas destinadas a régimen de venta por necesidades de carácter social para su adquisición por la administración en municipios de Áreas de Necesidad de Vivienda (ANHA) o en riesgo de despoblación y se establece también una reserva del 40% en la oferta de vivienda de protección pública de promoción pública para jóvenes.
Este decreto unifica la normativa vigente hasta ahora en un único documento que regula tanto la promoción privada como la pública, además de la gestión del patrimonio público de viviendas y suelo de la Generalitat. Además, regula la distinción entre la promoción pública y la promoción privada y sistematiza cada uno de los regímenes a lo largo de la norma.
Novedades de la norma
Una de las principales novedades que aporta la normativa es el carácter permanente de la calificación de las VPP. Con ello se pretende tratar de frenar la especulación en este tipo de viviendas.
Asimismo, se recoge el permiso del acceso a la propiedad de personas jurídicas, siempre que se produzca el destino a arrendamiento o cesión de uso de viviendas que deberán ocuparse por personas físicas que cumplan los requisitos para acceder al alquiler de ellas, además de la excepcionalidad de mantener la propiedad de una única vivienda de protección pública, de modo transitorio, en los casos de necesidad por cambio de domicilio y vinculado a obtener la calificación permanente si la vivienda no la tiene.
Además, se ha unificado la normativa sobre gestión de inmuebles de promoción pública y del patrimonio público de la Generalitat, incluyéndose la regulación referente a la gestión de los inmuebles, precios de venta, renta y cesión de uso, conservación, medidas de regularización, recuperación de la titularidad o disponibilidad de viviendas y régimen de otro tipo de inmuebles. Se persigue lograr así la simplificación normativa y la seguridad jurídica.
