La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública pondrá en marcha "ya" el decreto para regular la capacitación lingüística del valenciano con el objetivo de acceder a la función pública y buscará acuerdos con Compromís para que sea aprobado. No obstante, la titular de este departamento, Gabriela Bravo, ha advertido de que es partidaria de un acuerdo "razonable" en el que no se exija "un plus" mas allá del nivel de capacitación del valenciano que dé el sistema educativo, del que ha subrayado que debe poner en marcha ahora el decreto de homologación de niveles.
El informe, elaborado y consensuado por la Comisión de Competencia Lingüística, servirá de base para regular la capacitación y establece el certificado de valenciano necesario para los distintos grupos del personal de la Administración Pública. En concreto, el documento fija la exigencia del A2 para la agrupación profesional funcionarial, del B1 para el subgrupo C2 y del B2 para el grupo B y el subgrupo C1. Respecto a la exigencia para los grupos A1 y A2, la Comisión traslada dos alternativas que la Conselleria de Justicia "estudiará" para elaborar el decreto: exigir B2 o el C1.
Bravo ha explicado que la posición mayoritaria de la Comisión, al igual que la suya, es que para acceder a la función pública se tiene que exigir el nivel de capacitación que ofrece el sistema educativo.
En esta línea, la consellera ha defendido que no es "un criterio estrambótico" que se le haya ocurrido ya que, lo primero que hicieron, fue estudiar los sistemas de acceso de otras CCAA como Galicia, en alusión a la autonomía puesta como ejemplo por Compromís, que ha reprochado al PSPV, su socio de gobierno en la Generalitat, su propuesta de requisito. "Lo que no dicen es que en el sistema educativo de Galicia, cuando los alumnos acaban Bachiller, adquieren directamente el C1. Lo mismo pasa en Catalunya", ha apuntado, para recalcar que es "más fácil y lógico sentar bien los criterios y poner en marcha instrumentos para que el sistema educativo para jóvenes garantice una comprensión y manejo del idioma".
Preguntada si es posible su tramitación con la oposición de Compromís, la consellera ha manifestado que su "responsabilidad" es activar la elaboración del reglamento "y estar en condiciones de llevarlo al Consell lo antes posible". "Es mi responsabilidad porque la ley establecía el plazo de un año para la aprobación". "Si hay discrepancias, se intentarán solucionar como hemos hecho siempre. Somos un gobierno de coalición que, en ocasiones, hemos tenido puntos de vista diferentes. Algunas veces se ha llegado a acuerdos y otras no", ha señalado.
LA POSTURA DE COMPROMÍS
La síndica de Compromís en Les Corts, Papi Robles, ha insistido este martes en que el nivel C1 de valenciano o 'mitjà' debe ser un "requisito imprescindible" para los funcionarios en la Comunitat.
Robles ha añadido que es un requisito que ya se exige al profesorado en las oposiciones, con lo que "de manera coherente se debe pedir al personal de la administración pública".
CRÍTICAS DE INTERSINDICAL
Mientras, Intersindical Valenciana ha calificado de "inaceptables" los niveles de conocimiento de valenciano determinados por el reglamento de la Ley de la función pública valenciana y ha exigido a la consellera de Justicia, Gobernación y Administración Pública, Gabriela Bravo, una "rectificación".
Para este sindicato, "el tratamiento de Bravo al valenciano lo equipara sociolingüísticamente al castellano, lo que se alinea con las falsas tesis del PP que sostienen que ambas lenguas están en igualdad de condiciones".
Además, Intersindical pide tener en cuenta que la competencialingüística será de aplicación no solo a la administración de la Generalitat Valenciana, sino también a las administraciones locales, universidades públicas, empresas públicas y personal estatutario.
