Hoy comienza la recta final del juicio por el caso Erial, donde se juzga, entre otros, al expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana. El fiscal anticorrupción ha reducido de 19 a 17 años de cárcel su petición de condena para Zaplana tras retirarle uno de los delitos de falsedad que se le imputaban.
Asimismo, la fiscalía también ha rebajado considerablemente las peticiones para el que fue su jefe de gabinete, Juan Francisco García, y su amigo Joaquín Barceló, tras confesar ambos sus delitos. Estas rebajas podrían permitir a ambos eludir la prisión, aunque deberán hacer frente a multas millonarias. También podrán evitar entrar en prisión los empresarios José y Vicente Cotino, que confesaron su participación en el amaño para la adjudicación de las estaciones de ITV de la Comunitat Valenciana.
El fiscal anticorrupción cifra en 20.606.364 euros el total del dinero obtenido de forma delictiva mediante operaciones de corrupción por parte de Zaplana y su organización, un grupo acusado de operar a través de sociedades radicadas en el extranjero, creadas con el propósito de recibir sobornos por las adjudicaciones predeterminadas y para ocultar el origen ilícito de los bienes, contribuyendo a su transformación e integración posterior en el circuito económico, según consta en la calificación de la acusación pública. De este importe, 6.734.026 euros fueron decomisados en cuentas suizas.
El Fiscal ha retirado la acusación contra los procesados Elvira Suanzes, Pedro Romero y Ángel Salas, y ha anunciado -sin concretarlas todavía- rebajas en las peticiones de condena para quienes han reconocido los hechos.
El fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, ha hecho este anuncio en el inicio de la decimoctava sesión del juicio, en la que se abre la fase de conclusiones e informes finales. Así ha señalado que "a la vista de las diligencias y las pruebas practicadas resulta insuficiente para sostener la acusación y, en consecuencia, interesamos una sentencia absolutoria".
Por su parte, el presidente de la sala, Pedro Castellano, ha invitado a estos tres procesados a abandonar la zona del banquillo de los acusados y ocupar la del público o abandonar la sala.
En concreto, Pedro Romero Aguilar es un empresario y fue expeluquero de Zaplana y José María Aznar. Estaba acusado por blanqueo y el fiscal pedía inicialmente una condena de 5 años. Ángel Salas es también un empresario cercano a Zaplana a quien se atribuía supuestas operaciones de blanqueo. Se le pedía una condena de 5 años. Y por último, Elvira Suanzes es ex diputada autonómica del PP y amiga de Zaplana. La UCO le atribuyó responsabilidades en supuestos procesos de blanqueo de capitales y se le pedía igualmente una condena de 5 años de prisión
