La Generalitat Valenciana acudirá al Tribunal Constitucional si sale adelante la propuesta de Junts que abre la puerta a sancionar a las empresas que se instalaron en la Comunitat desde Catalunya tras el 'procés' si no regresan a su comunidad.
El 'president', Carlos Mazón, ha prometido "defender jurídicamente y proteger" a las 974 compañías, entre ellas las sedes de Caixabank o Banco Sabadell, que, según ha señalado, "ya son de la Comunitat Valenciana".
Mazón ha asegurado que los "mecanismos legales de la Generalitat ya están alertados preventivamente".
Mazón ha hecho también un llamamiento a las empresas catalanas que buscan "burocracia cero, bajos impuestos y un entorno amable" a que "vengan a la Comunitat Valenciana".
Preguntado por si está en contacto con estas organizaciones, ha asegurado que está en "diálogo" permanente y está resultando "muy fructífero".
"Mi sensación es muy positiva", ha destacado, al tiempo que ha insistido en que les están trasladando "su confianza, su satisfacción y sus deseos, no solamente de mantenerse en la Comunitat, sino de seguir creciendo".
Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, considera que la medida propuesta por Junts "se salta todas las líneas rojas " y es "un insulto a la Constitución española".
Catalá ha afirmado que está "totalmente alineada" con la Generalitat en la defensa de cualquier empresa instalada en la ciudad.
