Un informe de la ONU ha cuestionado las leyes de concordia del PP y Vox en Castilla y León, Aragón y la Comunitat Valenciana. Se trata de un dictamen que han firmado tres relatores en el que se alerta de que estas normas "invisibilizan las graves violaciones de derechos humanos durante el franquismo". En el caso concreto de la futura norma valenciana, considera que desvirtúa la memoria puesto que amplía el alcance de la ley "a las víctimas del terrorismo etarra e islámico".
Esta publicación se ha dado a conocer a unas horas de que se debatiera en Les Corts, en la Comisión de Justicia, el proyecto de ley que pretende derogar la ley, todavía en vigor, de Memoria Democrática. Una cita a la que han acudido entidades y expertos que forman parte del proceso de participación ciudadana que incluye el trámite del texto.
Para el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha asegurado desconocer el informe de la ONU, ha apuntado a una "posible filtración" y, en cualquier caso, ha defendido su ley: "Se han iniciado 422 exhumaciones provocadas por la violencia de la dictadura franquista".
Además, ha destacado que consolida y "blinda los derechos de todas las víctimas" e "incorpora nuevos derechos".
Desde Vox, el portavoz, José María Llanos, dice que la ONU "vulnera la soberanía de los países".
Para la oposición, PSPV y Compromís este informe, según ha afirmado el síndic de esta última formación, Joan Baldoví, sitúa a la Comunitat Valenciana como "capital internacional de la vergüenza". Los socialistas valencianos acusan a Mazón, a través de su portavoz de Memoria Democrática, Mercedes Caballero, de situarla en el "mapa de la vergüenza de Europa".
A favor y en contra
El proceso de participación ciudadana ha dejado ver las discrepancias que existen entre quienes denuncian que la norma "blanquea el franquismo" y quienes defienden que, con ella, "se iguala a todas las víctimas".
Carlos Casañ, hermano de José Edmundo Casañ, asesinado por ETA en 1991, ha manifestado que todas las víctimas "son víctimas" y "no tiene por qué haber víctimas ni de primera, ni de segunda, ni de cualquier color político".
Por su parte, Ana Antón, responsable de Relaciones Institucionales de Abogados Cristianos, ha apuntado que la ley valenciana de concordia "viene a subsanar la falta de neutralidad y objetividad de la anterior".
Los comparecientes propuestos por el PSPV y Compromís han coincidido en denunciar la proposición de ley por considerar que devuelve a las víctimas del franquismo "al cajón del olvido" y, además, "silencia a las víctimas del robo de bebés y pone en peligro las exhumaciones".
Así lo han planteado Paco Alarcón, en representación de la Asociación de Bebés Robados de Alicante, e Isabel Gómez, en representación de la Plataforma Fosas Familiares Paterna.
Durante la jornada se han celebrado otras dos comisiones para llevar a cabo los procesos de participación ciudadana de las proposiciones de ley sobre la Agencia Antifraude y Radiotelevisión Valenciana.
El lunes tendrán lugar las dos últimas comisiones en las que se escuchará a expertos relacionados con los proyectos de ley de libertad educativa y de transparencia.
