Mejorar en aspectos como la formación a todos los niveles, contar con un protocolo adecuado para favorecer la prevención o mejorar el trato judicial hacia los menores son algunos de los aspectos que según la investigadora del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, Alejandra Ramírez, deben cambiar para que la respuesta institucional hacia los menores susceptibles de haber sido abusados sexualmente sea más correcta.
En la actualidad asegura que las pruebas de credibilidad que se realizan a los menores siguen parámetros orientados a los adultos por lo que según Ramírez debe haber una mayor escucha en el proceso judicial.
Prevención desde los centros educativos
Reitera que la mayoría de abusos se producen en el entorno familiar por lo que para detectar posibles casos sería positivo que por ejemplo el profesorado contase con una formación básica o que los menores recibieran más conocimientos para saber prevenir.
Esto hace según la investigadora que se produzca una infra notificación de casos. Junto a estas recomendaciones apuesta por una aplicación real de la Ley Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) que entró en vigor en 2021.
