El Juzgado de Instrucción número 15 de València ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que impute a la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, por el caso del encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada.
Así se desprende de la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el magistrado estima que existen indicios "racionales, serios y fundados" de la participación de Oltra en los hechos investigados y considera que no resulta posible progresar en la investigación sin que la consellera sea oída como investigada. Además, se remite a este órgano judicial ante su condición de aforada.
En este procedimiento se investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que sufrió en un centro una menor tutelada, de 14 años, a manos del exmarido de Oltra entre los años 2016 y 2017. El educador fue condenado a cinco años de prisión en una resolución ratificada por el TSJCV.
A su juicio, "nos hallamos ante un expediente administrativo o una 'información reservada' indiciariamente ordenado por Oltra, no orientado sino a desacreditar a la menor e interferir en un procedimiento penal en curso en el que su marido era el investigado".
Para llegar a esta concusión, el juez realiza una serie de puntualizaciones. Así, cuestiona en primer lugar que desde el principio se haya intentado restar credibilidad a la menor, desamparada y tutelada por la Generalitat; y que las psicólogas no abordaran con ella el tema de los abusos --no fue preguntada por el tema directamente--.
También pone de manifiesto que la Conselleria decidiera, "inexplicablemente", no derivar a la niña al Servicio de Atención Psicológica especializado para valorar a víctimas de abusos sexuales; y que se hiciera constar en un informe que la niña recurría a la mentira con frecuencia.
Con este "nulo bagaje", prosigue el juez, a efectos de investigación, se dio por cerrado el tema y se repuso al educador a su puesto de trabajo. Y solo después de cerrada "la investigación" se le pidió su versión de los hechos.
Esto demuestra, a juicio del instructor, que no existió en sede de Conselleria "ninguna voluntad real" de esclarecer los hechos sino, por el contrario, de "ocultarlos", "con una mera apariencia de actuaciones dirigidas a esclarecerlos".
En este punto, el magistrado se realiza varias preguntas: "¿Cómo podían ser esclarecidos los hechos si jamás nadie preguntó a la niña sobre los mismos?; ¿Cómo pueden escudarse profesionales experimentados en psicología en el argumento de que no se aborda el tema con la menor en las entrevistas con la misma para no contaminar su relato, en espera de que sea explorada por algún profesional especializado en materia de abusos sexuales a menores y consentir sin más que la niña no sea explorada por profesional especializado en la materia?".
El instructor se cuestiona también por qué ni siquiera se informó de los hechos a la Fiscalía para su constancia en el Expediente de Protección de la menor.
"ERRORES DE ESTA ENVERGADURA"
El magistrado afirma que todos los profesionales que intervinieron en el caso están "sobradamente cualificados" para gestionar un asunto así. Así, entiende: "Siempre se podrá aducir que cualquier puede tener errores en su labor profesional, pero todos los funcionarios y profesionales intervinientes, no. No al menos errores de esta envergadura", advierte.
En resumen, desde el punto de vista de la investigación, el magistrado asevera que "en modo alguno" puede soslayarse que una manera de proceder como ésta tuviera que ver con decisiones de la máxima responsable de la Conselleria en la que trabajaban los funcionarios.
Pero, añade, "no puede negarse que los hechos afectaban de forma muy relevante a Oltra, y no solo en el plano personal, como es obvio, sino también en el plano de sus responsabilidades políticas ante la carencia de cualquier protocolo en la Consellería para proceder en supuestos tan graves como el del abuso sexual continuado de una niña tutelada y en tanto que, por esta actuación de los funcionarios a su cargo, no salieron entonces a la luz graves hechos, penalmente relevantes, atribuidos a su marido".
LA OPOSICIÓN PIDE LA DIMISIÓN DE OLTRA
La síndica del PP en Les Corts, María José Catalá, y secretaria general del PPCV, ha afirmado este viernes que a Mónica Oltra "no le queda otro camino que la dimisión". "Es muy grave y espero que Puig y Oltra sean coherentes en lo que muchos años han pedido. Saben lo que tienen que hacer y cuál es el camino y hay que asumirlo de una vez", ha asegurado.
Por su parte, la síndica de Ciudadanos (Cs) en Les Corts, Ruth Merino, cree que es "inadmisible" la consellera de Igualdad "siga todavía aferrada al cargo" y ha considerado que si no dimite, "es el president de la Generalitat, Ximo Puig, el que debe destituirla inmediatamente" porque "los valencianos no se merecen una vicepresidenta y consellera investigada por la justicia".
