El director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, ha denunciado "presiones" a la entidad y ha especulado con unas "periciales presentadas" relacionadas con el caso Azud, así como unos informes que afectan a "determinados sindicatos", refiriéndose a UGT.
Lo ha dicho este martes en Les Corts en la comisión de Hacienda en la que ha dado explicaciones por dos presuntos casos de acoso denunciados en una encuesta del plan de igualdad de la agencia. También, sobre el expediente abierto a dos trabajadoras por "filtrar" esa información, que era "confidencial". Dos casos, los relativos al acoso que, según Llinares, se han archivado "sin detectar víctimas ni acosadores en la investigación".
En su intervención, Llinares ha alertado de una campaña de "desprestigio" hacia la Agencia y ha reflexionado en torno a que Manolo Mata, ex número dos del PSPV-PSOE, es "el mismo abogado que lleva la defensa de las dos trabajadoras" y de "Jaime Febrer", supuesto cabecilla del caso Azud. "En política no hay ninguna casualidad y la agencia, y su trabajo, molestan. En lugar de aceptar nuestras recomendaciones, deciden desprestigiar al personal porque es la única forma de atacar los informes periciales que hacemos", ha apuntado Llinares, al tiempo que ha destacado que se incide "a quienes tienen la mayoría para que disuelvan la agencia".
Las "filtraciones" durante la investigación, según Llinares, ha provocado "indefensión": "No se ha respetado la confidencialidad. Se han divulgado injurias y falsedades para destruir la reputación de la plantilla".
José Muñoz, portavoz adjunto del PSPV-PSOE, ha cargado contra las afirmaciones de Llinares: "Son acusaciones graves, se equivoca de plano". "La Agencia no es de una persona sino que es un bien que debemos proteger", ha dicho tras asegurar que un abogado "tiene derecho a defender a quien considere oportuno sin suponer un menoscabo de su independencia el hecho de pertenecer a un partido", en referencia a Mata.
El PPCV ha mostrado su "preocupación" por las declaraciones de Llinares. El diputado 'popular', Fernando Pastor, ha planteado que si las afirmaciones "son ciertas", "el PSPV es una banda de baja estofa".
Desde Vox han asegurado que no abogan por cerrar la Agencia Antifraude, aunque han reconocido que aspiran a "reorganizarla" y a "reducir el presupuesto asignado".
Cronología de la investigación
El director de la Agencia ha comenzado su intervención explicando los supuestos casos de acoso que han concluido con un archivo. Ha narrado que el asunto surge con la elaboración de un Plan de Igualdad para la entidad, ante el que se contrató a una empresa especializada que realizó unas encuestas a los trabajadores, de forma individual y anónima, y dos de ellos --de 47-- respondieron que en contadas ocasiones habían sufrido acoso. Previamente se habían firmado documentos de confidencialidad y se recordó el deber de secreto.
A partir de ese momento, Llinares dio órdenes para aplicar medidas y protocolos contra el acoso en la Agencia. Por parte de la empresa que hizo los informes se indicó que había "un nivel mínimo de gravedad" y no recomendaba "poner la situación en conocimiento de la Fiscalía".
No obstante, desde la Agencia se trató el asunto como de "extrema gravedad" y, según Llinares, se insistió en denunciar "cualquier tipo de acoso" y se pedía colaboración para aclarar la situación. Transcurrido un mes, ante la ausencia de denuncias y la inexistencia de información de ningún hecho de acoso, se recordó al personal la existencia de canales de denuncia.
En el mes de octubre se mandó un escrito en el que se hacía constar por parte de una trabajadora que no tenía conocimiento de ningún caso de acoso sexual denunciable y que no quería denunciarlo porque "no era para ello". "También aludía a un ambiente respetuoso y cordial en la Agencia", ha añadido Llinares.
De esta forma, se propuso por unanimidad el archivo de las actuaciones al no poder identificar situaciones, hechos o personas relacionadas con ningún tipo de acoso sexual y el 16 de octubre se ratificó el archivo.
