La oposición se ha opuesto frontalmente al requisito lingüístico para los funcionarios, anunciado este lunes por la Generalitat tras años de negociaciones.
El requisito, según expusieron las conselleras Gabriela Bravo (Administración) y Raquel Tamarit (Educación), será del C1 de valenciano para los funcionarios de alto rango a partir de 2025, pero no se aplicará hasta 2025 y no afectará ni a sanitarios ni a docentes. Además, el conocimiento de esta lengua se homologará automáticamente al aprobar la asignatura en ESO y Bachillerato, con efectos retroactivos al curso 2021-2022.
En rueda de prensa tras la junta de síndicas en Les Corts, Mª José Catalá (PP) ha quedado a la espera de ver "la letra pequeña" del acuerdo, aunque ha criticado que puntúe más "saber valenciano que una tesis doctoral" en el baremo propuesto por la Conselleria de Sanidad para que los interinos consoliden su plaza.
"Es un requisito encubierto y es muy peligroso", ha denunciado Catalá, además de alertar que la homologación automática de títulos "puede suponer una discriminación" para los cursos anteriores a 2021-2022.
Entre los grupos del Botànic, el portavoz adjunto de Unides Podem, Ferran Martínez, se ha mostrado satisfecho con el acuerdo entre PSPV y Compromís para desbloquear el requisito, si bien ha reconocido que "seguramente no será perfecto porque todos los acuerdos suponen cesiones mutuas".
Desde Compromís, la síndica en Les Corts, Papi Robles, ha celebrado el acuerdo aunque espera que haya "avances" en otros sectores de la administración autonómica.
