La joven que siendo menor y tutelada por la Generalitat fue víctima de abusos sexuales por parte del exmarido de Mónica Oltra, la exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas y exportavoz del Consell con el Botànic, ha pedido al Juzgado de Instrucción número 15 de València la apertura de juicio oral contra ella y otros nueve exaltos cargos. En su escrito de calificación provisional, la joven, que ejerce la acusación particular, reclama tres años y medio de prisión para Oltra y 12 de inhabilitación para empleo o cargo público.
Según el escrito de acusación de esta parte, la joven acusa a Oltra de los delitos de prevaricación, malversación y contra la integridad moral y, además de la prisión, reclama la prohibición de aproximarse o comunicarse con ella por periodo de cinco años y que, en conjunto, le indemnicen con 120.000 euros por los daños morales, con la responsabilidad civil subsidiaria de la Generlaitat Valenciana.
El pasado 21 de junio se hizo público que el Juzgado de Instrucción 15 de València -encargado de instruir la causa contra Oltra y otros exaltos cargos del departamento que dirigió por el presunto encubrimiento de los abusos a una menor por parte de su exmarido- dictó el auto por el que procesaba a la exconsellera "por imperativo legal", en aplicación de la decisión de la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia que reabrió el proceso al entender que no podía descartarse "claramente" la existencia de infracción penal y que concurrían indicios suficientes para encausar a los investigados.
Ahora, la víctima de los abusos del exmarido de Oltra -condenado en sentencia firme a cinco años de prisión- pide tres años y medio de cárcel para la exconsellera al considerar que fue la que, entre los días 4 y 8 de agosto de 2017, dio la orden de abrir un "expediente informativo" sobre los hechos, que no iba dirigido "a fiscalizar el mal funcionamiento de la Administración, para lo que podría haberse activado el Servicio de Inspección", sino a "entorpecer la acción de la Justicia" en este caso.
Esta acusación mantiene los cargos contra otras nueve personas más, personal funcionario o cargos que trabajaban en la conselleria, como la entonces directora general, la subdirectora o la directora territorial. A su juicio, los acusados actuaron "con conocimiento de la evidente ilegalidad, arbitrariedad y desviación de poder que suponía el dictado y ejecución de una resolución que ordenaba tramitar un expediente de averiguación de hechos delictivos y bajo investigación judicial".
En esta línea, sostiene que el expediente "supuso someter innecesariamente a la menor abusada a cuatro exploraciones más, una por la funcionaria y tres por la psicóloga" que fueron "más parecidas a un duro interrogatorio policial que a una amable entrevista con una niña de catorce años".
Con todo, la joven reclama la mayor pena de prisión, hasta seis años y medio, para la jefa del Servicio de Infancia y Adolescencia de la Conselleria, a quien además le atribuye un delito de abandono de menores, y cinco años para otros cuatro responsables: la directora del centro donde ocurrieron los abusos; una funcionaria de la sección de menores; una psicóloga de la administración autonómica y el jefe de la sección del menor. Para el resto pide inhabilitación por prevaricación y dos años de prisión por delito contra la integridad moral.
"Discreción"
Para la acusación, parte de los acusados estaban "más preocupados por mantener la 'discreción' sobre la identidad del abusador que por proteger a la niña tutelada: ni lo denunciaron al GRUME, ni comunicaron el hecho al Ministerio Fiscal, ni se preocuparon de la protección de la menor, a la que se le colocó (a ella y de paso a todos los menores acogidos en el CAM) en la situación de riesgo que suponía volver a estar en contacto con el abusador, ya que éste fue reincorporado" en marzo de 2017 a su puesto de trabajo, del que había sido apartado provisionalmente unos días antes. La joven relató lo ocurrido por primera vez en febrero de ese año a una trabajadora del centro.
De esta forma, sostiene que lograron "la ocultación de unos hechos que afectaban de forma muy relevante a la máxima responsable de la Conselleria", Mónica Oltra, "no solo en el plano personal, como es obvio, sino también en el plano de sus responsabilidades políticas".
En junio, la joven contó lo ocurrido a unos agentes de Policía Nacional que se encontraban circunstancialmente en el centro con motivo del traslado de otra menor y, a partir de ahí, según esta parte, se dio cuenta Fiscalía y al juzgado y se activó el procedimiento judicial contra la expareja de la exconsellera.
"Desacreditarla"
Para esta parte, cuando ya se había judicializado la investigación, los acusados, puestos de común acuerdo, "idearon una estrategia para desacreditar el testimonio de la menor, cubrir las apariencias" y "obstaculizar la acción judicial" y, para ello, acordaron realizar una instrucción "paralela a la judicial con la finalidad, no ya de saber lo que podía haber fallado para que los hechos se hubieran ocultado durante tanto tiempo, sino para determinar la veracidad de las acusaciones efectuadas por la menor".
La acusación sostiene que "desde el primer momento", la menor "se vio desatendida en su queja, obligada a convivir con el "educador" abusador durante cinco meses, vilipendiada, interrogada como si fuera ella la delincuente y no la víctima, conducida esposada al juicio y abandona a su suerte. Ni se le facilitó el tratamiento psicológico recomendado ni tuvo la asistencia jurídica que, como menor tutelada, debía dispensarle la Abogacía de la Generalidad", señala el escrito.
