PSPV-PSOE y Compromís van a cerrar su segundo mandato en la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València sin sacar adelante la Carta de Capitalidad que lleva más de una década reclamando el gobierno local. Un asunto que podríamos comparar con la histórica reivindicación de un mejor modelo de financiación autonómica para la Comunitat Valenciana. En este caso es el Ayuntamiento de València el que reclama más recursos a la Generalitat en función de las competencias que asume por su condición de capital autonómica. Este mes de abril se cumplen precisamente cinco años desde que el Ayuntamiento remitió a la Generalitat el borrador de la Carta, sin que el Consell haya sido capaz de darle su visto bueno en todo este tiempo.
El Ayuntamiento y la Generalitat acordaron constituir la comisión mixta que debía negociar la Carta de Capitalidad para València en el año 2010, en la etapa de gobierno del PP. Fue pocos meses después de la aprobación de la Ley de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, que contempla su elaboración. Pero, trece años después, esa comisión nunca se ha llegado a reunir.
Cuando accedieron al poder en la Generalitat y el Ayuntamiento en 2015, PSPV-PSOE y Compromís acordaron retomar las conversaciones. El President de la Generalitat, Ximo Puig, y el alcalde de València, Joan Ribó, se reunieron para escenificar esa buena sintonía. El gobierno local comenzó entonces a elaborar un borrador que entregó en 2018, pero que la Generalitat no ha contestado. Ribó ha defendido en muchas ocasiones la importancia que para València supondría contar con este documento:
La obtención de la Carta de Capitalidad figura en la lista de objetivos del “Pacte del Rialto” de 2019 entre Compromís y PSPV para gobernar València. Y también estuvo contemplada el mandato pasado, en el “Acord de La Nau” de 2015.
Entre otros muchos artículos, el borrador establece que los presupuestos de la Generalitat deberán incluir cada año un crédito específico para la ciudad de València, que tenga en cuenta los efectos económicos y sociales derivados de su condición de capital de la Comunitat. Otras ciudades como Madrid, Barcelona o Zaragoza ya disponen desde hace años de este reconocimiento.
