POLÍTICA

PSPV y Compromís ven en la declaración de Zaplana por Erial el juicio a "toda una época del PP" en la Comunitat

"Mazón es el hijo político de Zaplana"

ondacero.es

València |

Baldoví (Compromís), Muñoz y Salvador (PSPV) dialogan en Les Corts.
Baldoví (Compromís), Muñoz y Salvador (PSPV) dialogan en Les Corts. | JOSÉ CUÉLLAR / CORTS

Los síndics del PSPV-PSOE y Compromís en Les Corts, José Muñoz y Joan Baldoví, respectivamente, han sostenido, sobre la declaración de este martes del 'expresident' de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, en el marco del caso Erial, que en este procedimiento "se está juzgando a toda una época del Partido Popular" en la Comunitat.

Muñoz ha pedido "no olvidar" que "se sienta en el banquillo" un 'expresident' que se enfrenta a una pena, tal y como le reclama la Fiscalía, de 19 años de prisión por "la presunta recepción de comisiones ilegales por valor de 20,6 millones de euros en presuntas mordidas derivadas del sistema de privatización de las ITV que en su momento eran públicas y que ahora lo vuelven a ser".

El portavoz socialista ha asegurado que en este juicio "se representa claramente cuál fue el modus operandi del zaplanismo" que, a su juicio, "hoy vuelve a vivirse en la Comunitat Valenciana".

Desde Compromís, el síndic, Joan Baldoví, ha dicho del inicio del juicio a Zaplana que es una "fecha significativa para los valencianos". "Es un símbolo de una época de los gobiernos del Partido Popular".

En este sentido, ha recalcado que el actual 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, es "hijo político" de Eduardo Zaplana y ha advertido de que el PP en la actualidad va "por el mismo camino que en aquella época".

Zaplana ha declarado este martes en la Ciudad de la Justicia de València por Erial, procedimiento en el que se ha investigado el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana.

El 'expresident' se enfrenta a una pena, tal y como le reclama el ministerio fiscal, de 19 años de prisión por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación administrativa dentro del conocido como caso Erial. Además, le reclama una multa de 40 millones de euros y otras dos más que suman 72.000 y 36.000 euros.