La Vicepresidenta de la Generalitat Valencia ha dejado su cargo en el Consell y ha dimitido como diputada de Les Corts valencianas. Oltra ha comunicado su dimisión en una rueda de prensa celebrada en la sede de la coalición en Valencia, que ha sido convocada de forma imprevista antes de la reunión de la ejecutiva de Compromís en la que se iba a debatir sobre el futuro de la formación tras la imputación de la ya exvicepresidenta.
"Me cuesta esta decisión sobre todo porque ganan los malos", ha afirmado la vicepresidenta, quien ha argumentado que su dimisión está provocada por "una de las mayores infamias" en este país y ha pedido perdón a la gente vulnerable, a la que se ha dedicado y a la que "le duele en el alma" dejar.
Su investigación por el caso de abusos de su exmarido, el motivo de su marcha
Mónica Oltra ha anunciado su marcha, días después de negar que lo hiciera, tras conocerse que sería investigada por el presunto encubrimiento de abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. Fue la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana quien decidió imputar a la hasta ahora vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Políticas Inclusivas.
Esto sucedió después de que el Juzgado de instrucción número 15 de Valencia remitiera las actuaciones el pasado mes de abril al estimar que existían hechos presuntamente delictivos atribuidos a Oltra. Se envió la causa a este órgano ante la condición de aforada de la consellera que perderá tras su dimisión. La declaración ante el juez será el próximo miércoles 6 de julio.
Qué se investiga: el encubrimiento de abusos a una menor
En este procedimiento judicial se investiga el presunto encubrimiento por parte de Mónica Oltra por parte de los abusos sexuales que sufrió en un centro una menor tutelada, de 14 años, a manos del exmarido de la exvicepresidenta entre los años 2016 y 2017. El educador fue condenado a cinco años de prisión en una resolución ratificada por el TSJCV.
La menos denunció los hechos que habían ocurrido durante la tramitación de la causa y desde el juzgado se abrió una nueva investigación judicial contra seis funcionarios, la directora y una psicóloga del centro de acogida de menores donde sucedieron los hechos. Más tardes, se imputaron a cinco personas más: una directora general, una subdirectora general, un secretario territorial, una jefa de servicio y una técnico. Un total de 13 investigados.
La Sala, tras estudiar el caso, se ha declarado competente para instruirlo al apreciar "una serie de indicios plurales" que "hacen sospechar la posible existencia de un concierto" entre la aforada y diversos funcionarios para "proteger a su entonces pareja o bien proteger la carrera política de la aforada", según consta en un auto notificado hoy a las partes.
