19 entidades sociales que trabajan en la Comunitat Valenciana y en el resto del Estado español han solicitado al Gobierno, a la Generalitat y al Defensor del Pueblo que las ayudas destinadas a las víctimas de la DANA también incluyan a todas las personas migrantes.
En la actualidad tanto las ayudas estatales como las autonómicas exigen disponer de DNI o NIE, además de otros requisitos, lo que supone en muchos casos la exclusión de aquellos que están en situación administrativa irregular. Natalia Slepoy es portavoz de la Red Acoge.
Insiste en que se trata de uno de los colectivos que se encuentra en situación de mayor desprotección a pesar de vivir y trabajar en nuestro territorio. Por ello reclaman la regularización por circunstancias excepcionales de todas estas personas y, mientras se atiende esta demanda, que se adapten los procedimientos de concesión de las ayudas para que puedan acogerse las personas en situación administrativa irregular.
