El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado el recurso de la Abogacía del Estado y mantiene la suspensión cautelar de la resolución del Ministerio de Transición Ecológica que posibilitaba que la Autoridad Portuaria de València (APV) pudiera decidir por sí sola acerca de la necesidad o no de una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la ampliación norte del Puerto de València.
De esta manera, se mantiene la resolución judicial que estimó la petición de la Comissió Ciutat-Port. Esta plataforma entiende que con este mantenimiento de la suspensión cautelar, la APV no podría elevar al Consejo de Ministros la solicitud para la contratación de las obras del proyecto sin incurrir -dice- en graves responsabilidades por infracción de la legislación ambiental. Aunque el tribunal todavía no ha emitido sentencia, la Comissió interpreta esta decisión como un respaldo a sus argumentos y confía en una decisión final que obligue a reconsiderar la ampliación del puerto.
Concretamente, el TSJM ha desestimado el recurso de reposición interpuesto por la Abogacía del Estado y ha decidido mantener la suspensión cautelar, a petición de la Comissió Ciutat-Port, de la resolución del Ministerio de Transición Ecológica del 30 de marzo de 2021, que posibilitaba que la Autoridad Portuaria de Valencia pudiera decidir por sí sola acerca de la necesidad o no de una nueva DIA para la ampliación norte del Puerto de València. La Comissió subraya que el mantenimiento de la suspensión cautelar "priva a la APV de la posibilidad de decidir por sí misma acerca de la necesidad o no de evaluación ambiental” y "no podría elevar al Consejo de Ministros la solicitud de autorización para la contratación de las obras del proyecto”, que fue aprobado por su consejo de administración el pasado 2 de diciembre.
Este procedimiento judicial fue iniciado por la Comissió ante la Audiencia Nacional, que lo derivó a la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJM. La Comissió Ciutat-Port viene cuestionando la legalidad del “comportamiento abstencionista” tanto de Puertos del Estado como del Ministerio de Transición Ecológica “al eludir ambos sus responsabilidades evitando pronunciarse sobre la cuestión clave de los perversos impactos en el medio ambiente y la salud que podría ocasionar la macroampliación que promueve la Autoridad Portuaria de Valencia", ha señalado.
