Sobre la gestión del caso de abusos sexuales a una menor tutelada y el proceso judicial abierto que salpica a la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, se ha dado este martes un paso más. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha nombrado al tribunal que deberá decidir si imputa o no Oltra. Serán los jueces Antonio Ferrer, Pilar de la Oliva, actual presidenta del TSJCV, y Vicente Torres.
Hay que recordar que la designación de este tribunal es un trámite más dentro del proceso en el que se decidirá el futuro judicial de la portavoz del Consell.
Fue en abril cuando el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia presentó una exposición razonada al TSJCV en la que solicitaba la imputación de Mónica Oltra. El juez también pedía que se investigara si la consellera de Igualdad participó en el presunto encubrimiento de los abusos a una menor tutelada.
La condición de aforada de Oltra impide que la vicepresidenta pueda ser investigada por un juzgado de instrucción, de ahí que ahora el TSJCV deba decidir sobre su imputación.
CONTEXTO
En concreto, en este procedimiento se investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que sufrió en un centro una menor tutelada, de 14 años, a manos del exmarido de Oltra entre los años 2016 y 2017. El educador fue condenado a cinco años de prisión en una resolución ratificada por el TSJCV.
Tras la condena, la menor denunció la situación en la que se había encontrado durante la tramitación de la causa y desde el juzgado se abrió una nueva investigación judicial contra seis funcionarios, la directora y una psicóloga del centro de acogida de menores donde ocurrieron los hechos.
El juez, tras escuchar la declaraciones de estos seis investigados, decidió imputar a otras cinco personas más: una directora general, una subdirectora general, un secretario territorial, una jefa de servicio y una técnico. Un total de 13 investigados.
Tras varios informes y citaciones, el juez instructor ha estimado que existen indicios "racionales, serios y fundados" de la participación de Oltra en los hechos investigados y considera que no resulta posible progresar en la investigación sin que la consellera sea oída como investigada.
A su juicio, "nos hallamos ante un expediente administrativo o una 'información reservada' indiciariamente ordenado por Oltra, no orientado sino a desacreditar a la menor e interferir en un procedimiento penal en curso en el que su marido era el investigado".
