La Policía Nacional ha desarticulado en València un presunto entramado criminal relacionado con la venta de cadáveres. Según ha informado Jefatura en un comunicado, falsificaban documentación para poder retirar los cuerpos de hospitales y residencias. Después, los vendían a universidades para su estudio por 1.200 euros cada cuerpo.
En total, llegaron a facturar 5.040 euros a una universidad por realizar 11 incineraciones que no aparecían reflejadas en las facturas emitidas por ninguna de las incineradoras que operan en la ciudad.
El modus operandi de la trama
La investigación comenzó a principios del 2023 tras tener conocimiento los agentes de que se habría retirado el cadáver de un fallecido de la morgue de un hospital de manera irregular por parte de una funeraria, para lo que se habrían realizado falsificaciones en el libro registro del mismo, así como también en la documentación facilitada al Registro Civil.
Los investigadores comprobaron cómo dos trabajadores de esta funeraria se habrían apoderado de un cuerpo y lo habrían trasladado a una universidad para su estudio en vez de haberle dado sepultura.
El fallecido debería de haber sido enterrado en su localidad de residencia en un sepelio de beneficencia abonado por el ayuntamiento de este municipio, sin embargo fue vendido para su estudio sin que ningún familiar o amigo hubiera dado consentimiento.
Continuando con la investigación, los agentes localizaron otro caso con el mismo 'modus operandi'. Esta vez el difunto se encontraba ingresado en una residencia de personas mayores y, al parecer, habría sido el propio hombre, tres días antes de fallecer, quien habría supuestamente autorizado la donación de su cuerpo.
No obstante, los investigadores pudieron constatar que el hombre, poco antes de fallecer, tenía menoscabadas sus capacidades mentales, ya que sufría un deterioro cognitivo severo, lo que no le hubiera permitido entender lo que suponía la donación. Además, dicha donación fue firmada para que el cadáver fuera remitido a una determinada facultad de medicina, siendo finalmente llevado a otra, que pagaba más dinero por el mismo, para ello, consiguieron mediante engaño que personal sanitario firmara el cambio de destino del cuerpo.
Buscaban un perfil concreto de fallecidos
Los investigados buscaban fallecidos que no tuvieran familiares, preferiblemente extranjeros o que en vida hubieran tenido condiciones de vida precarias para realizar las irregularidades, ya que así se aseguraban que no se hiciera ningún seguimiento sobre dichas donaciones por parte de algún familiar.
Los agentes han detenido a los responsables de la funeraria investigada, así como a dos trabajadores de la misma como presuntos autores de un delito de estafa. Además, a dos de ellos también se les imputa un delito de falsedad documental.
¿Qué dicen las universidades?
Desde la CEU UCH afirman que aportaron documentación en enero de 2023 a la Policíasobre un cadáver y defienden su protocolo en donaciones.
La Universitat Jaume I ha informado que la Sala de Disección de la Facultad de Ciencias de la Salud solo trabaja con donaciones de cadáveres y que nunca se han adquirido cadáveres a través de un pago.
Por su parte, la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Valencia (UCV) asegura que trabaja con protocolos seguros en la aceptación de cadáveres para docencia e investigación y que "solo" acepta cuerpos procedentes de donaciones.
En la misma línea se ha pronunciado la Universitat de València (UV), que se desvincula también del caso y ha subrayado que trabaja con protocolos "seguros".
Bernabé confirma el foco de la investigación
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha confirmado que el foco de la investigación de la presunta venta de cadáveres se centra en una funeraria.
"Hay cuatro detenidos y son dos los cadáveres que se han detectado de los cuales se habría hecho un uso fraudulento y hay que dejar que continúen las investigaciones", ha dicho.
Bernabé ha señalado además que se trata de una investigación que se está haciendo desde hace un tiempo y "los controles no han fallado". "Al contrario, lo que hemos hecho ha sido poner de manifiesto que se había producido y ahora están depurándose las responsabilidades", ha añadido.
