PP y Vox han aprobado el plan de trabajo que seguirá la comisión de investigación que analizará posibles irregularidades cometidas en el sector público de la Generalitat entre 2016 y 2023.
El plan de trabajo incluye, entre otros, las comparecencias de los exconsellers con el gobierno del Botànic, Gabriela Bravo (PSPV) y Vicent Marzà (Compromís).
La creación de esta comisión se aprobó a finales de febrero con los votos a favor de PP y Vox, socios en el Consell, y el rechazo del PSPV-PSOE y Compromís, que planteaban ampliar la investigación desde la creación de cada entidad o desde 1995 hasta la actualidad.
El PSPV-PSOE ha planteado sin éxito la comparecencia también de los últimos responsables del sector público hasta 2015 (los exconsellers Vicente Rambla, Gerardo Camps y Juan Carlos Moragues) y los responsables en el periodo 2011-2015 de entidades como el IVAM, RTVV, Vaersa, Cacsa o Ciegsa.
Por su parte, la propuesta de plan de trabajo de Compromís incluía las comparecencias de directores generales de varias Consellerias hasta julio de 2015, cuando se inició la gestión del Consell del Botànic tras veinte años de gobierno del PP.
Isaura Navarro, portavoz adjunta de Compromís, ha argumentado que es "imposible entender el funcionamiento del Consell del Botànic sin conocer la herencia de los gestores anteriores" y el diputado socialista, Toni Gaspar, ha reconocido que no esperan "nada" de esta comisión. "Las conclusiones parece que ya están escritas", ha aseverado.
Por el contrario, la diputada de Vox, María Teresa Ramírez, ha advertido sobre "irregularidades en contratación pública o de personal en el sector público" que figuran en los informes de la Sindicatura y la Intervención.
Por último, el diputado popular Fernando Pastor ha insistido en que la comisión "no nace por ocurrencia ni capricho, sino por los casos de contratación irregular, duplicidad de gasto, falta de rigor o compensaciones a personal al margen de la ley que denuncia la Intervención".
