La Audiencia Provincial de Valencia condenó el 15 de octubre a Zaplana por la causa Erial a 10 años y 5 meses de prisión por delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental y blanqueo. Actualmente se encuentra en libertad provisional con medidas cautelares tras rechazar la Audiencia la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que ingresara en prisión al no apreciar riesgo de fuga y a la espera de que recurriera la sentencia.
Ahora, en su recurso ante el Supremo, pide su absolución y alega que la causa se inició con el único propósito de imputarle a partir del hallazgo casual de documentos sobre un plan eólico intervenidos en el registro del despacho del abogado del imputado Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública Imelsa y autodenominado "yonqui del dinero".
Por ello, el abogado que suscribe el recurso, Daniel Campos, exfiscal de la Audiencia Nacional, califica el proceder de la Guardia Civil de "exceso policial", y de incumplimiento de las garantías aplicables a los supuestos de hallazgo casual. A falta de pruebas, prosigue el recurso, la sentencia se apoya en “declaraciones pactadas de forma clandestina” con la Fiscalía con acusados para que incriminen a Zaplana a cambio de la absolución o rebaja de pena.
El recurso denuncia también la indefensión generada a Zaplana "con el tratamiento que se ha dado en la sentencia a los testimonios de ciertos coacusados" que declararon contra él "en el marco de una conformidad parcial" con la Fiscalía. Según el recurso, Zaplana no ostentaba "cargo que tuviera atribuidas competencias administrativas de ningún tipo en relación con el procedimiento de licitación de las ITV, ni existe resolución alguna dictada por él".
