La Federación de Servicios Públicos de UGT del País Valencià denuncia la existencia de una instrucción interna de la Conselleria de Servicios Sociales que está suponiendo un tijeretazo de miles de euros en las ayudas de la dependencia en la Comunitat Valenciana. La orden implica una reinterpretación de la normativa por la que se regula el sistema de atención a la dependencia, de tal manera que la ciudadanía que está en lista de espera para estas ayudas ve recortado sensiblemente su derecho a percibir los atrasos en caso de tener que hacer un cambio en la solicitud inicial de la prestación. Se trata, sostiene el sindicato, de un tijeretazo encubierto de las ayudas que ya está generando desconfianza entre el colectivo de profesionales y las familias a las que les han cambiado sin previo aviso las reglas del juego.
Lejos de ser una circunstancia excepcional, la modificación en la solicitud inicial de la prestación es común. Así, es habitual que en el tiempo de espera desde que se solicitan las ayudas a la dependencia (el tiempo medio de espera en la Comunitat Valenciana se estima en 314 días, según los datos estadísticos del IMSERSO), la persona dependiente sufra un empeoramiento de su situación. Puede deberse a enfermedades degenerativas (como la demencia tipo Alzheimer), caídas u otras enfermedades que provocan la pérdida de capacidades y, por lo tanto, la necesidad de mayores cuidados. En esos casos, se solicita un servicio o prestación distinto al que se pidió en la solicitud inicial de dependencia; en términos técnicos, se pide un cambio de preferencia, por ejemplo, el ingreso en una residencia. Hasta ahora, aunque la Administración es lenta y tarda en pagar, las familias sabían que el sistema de atención a la dependencia finalmente acabaría cubriendo estas necesidades. Eso sí, el derecho a cobrar las ayudas empezaba a los seis meses de haber presentado la solicitud inicial.
Sin embargo, la Conselleria ha cambiado las reglas de juego a mitad de partido, en perjuicio de las personas dependientes y de sus familias. El 19 de abril de 2024, la Directora General de Dependencia y de las Personas Mayores dictó una instrucción modificando la forma de aplicar la normativa para fijar la fecha de efectos de las prestaciones económicas de dependencia. Esta Instrucción establece que, si la persona dependiente solicita un cambio de preferencia por otro servicio o prestación, la fecha de efectos será a los seis meses de haber presentado la última preferencia, perdiendo automáticamente los atrasos por el periodo anterior, que pueden ser de más de un año. Es decir, con la aplicación de esta instrucción el contador se pone a cero y se pierden las ayudas del tiempo que se lleva esperando. Según estimaciones de UGT Serveis Públics, puede llegar a perderse más de 840€ al mes en el caso de una prestación vinculada al Servicio de Ayuda a Domicilio, o 747€ al mes si es un Centro de Día. Dado que, como mínimo, se pierden 6 meses, en estos casos se pierden unos 5.000€, que se convierten en más de 10.000€ si el retraso supera el año.
Las mujeres, las más perjudicadas
Además, este cambio afecta sobre todo a las mujeres. La Conselleria no reconoce la atención que las personas dependientes venían recibiendo en su casa antes de que llegue la ayuda a la dependencia, lo que afecta especialmente a las mujeres, porque mayoritariamente son mujeres cuidadoras (representan el 89%). Antes de esta instrucción, cuando se aprobaba el Programa Individual de Atención (PIA), la Conselleria reconocía, por lo menos, los atrasos correspondientes a la prestación por persona cuidadora en el entorno familiar, ya que se entendía que si todavía no se había reconocido ningún servicio o prestación, durante ese tiempo la persona dependiente había sido cuidada por alguien.
Ahora ya no se reconocen estos atrasos cuando ha habido un cambio de preferencia, lo queperjudica especialmente a las mujeres. UGT insiste en que es muy habitual que empeore la situación de la persona dependiente y se solicite otro servicio o prestación, que tarda mucho en llegar. En suma, este cambio normativo, supone un recorte en ayudas y derechos. Valga como ejemplo esta situación muy habitual en el sistema de dependencia: Inicialmente se solicita la prestación por cuidador no profesional y, un tiempo después, una residencia ante el agravamiento de la persona dependiente. Durante todo ese tiempo de espera la persona dependiente ha estado atendida en su domicilio. En el caso de cuidados en el entorno familiar se cobran 455€ al mes para el grado III de dependencia, con lo que las familias pierden 2.730€ por los seis meses que, como mínimo, supone poner el contador a cero, y que en muchos casos supera los 5.500€ cuando alcanza el año de espera.
Para Toni Femenía, delegado sindical de UGT-Serveis Públics, la Conselleria ha recortado de un plumazo los derechos de las personas dependientes, y lo ha hecho por la puerta de atrás, con una instrucción que ni siquiera ha publicado. “Han cambiado las reglas del juego a mitad de partido, lo que ha provocado que las familias hayan tomado decisiones en base a una información que ahora es incorrecta”, añade.
“La Instrucción de la Conselleria está provocando una pérdida de ayudas y ha sembrado la desconfianza entre los profesionales y las familias con personas dependientes, debilitando el sistema de atención a la dependencia. Ayudar a las familias con personas dependientes ya no es una prioridad para el Ejecutivo valenciano”, asegura Femenía.
