La Unió Llauradora i Ramadera ha pedido al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que establezca de forma excepcional la doble tarifa eléctrica en el regadío, ante la situación por sequía extraordinaria en diferentes Demarcaciones Hidrográficas. Las tarifas deberían reflejar las necesidades específicas de riego y considerar tanto la disponibilidad de agua superficial como la operación de pozos. La tarifa más económica "debería aplicarse durante los horarios nocturnos y los fines de semana, mientras que la tarifa más cara se aplicaría fuera de estos períodos, eliminando en este caso las tarifas de las potencias P1 a P4, quedando exclusivamente las P5 y P6 que son las más baratas".
Mientras no ejecuta la sentencia de esa doble tarificación a la que le obliga el Tribunal Supremo (TS), la Unió propone "la creación de una línea de ayudas específica que compense el incremento de los costes energéticos para el regadío". Esta ayuda sería de importancia para las comunidades de regantes de demarcaciones de la Comunitat Valenciana que han declarado la situación excepcional de sequía y tendría como objetivo principal "subvencionar parte de los costes energéticos derivados del uso de pozos para el riego agrícola, permitiendo así que las comunidades de regantes puedan afrontar la situación sin tener que incurrir en un incremento de costes".
El 8 de marzo de 2023, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimó el recurso contencioso-administrativo presentado por la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, organización estatal donde se integra la Unió. La sentencia declaró que la inactividad reglamentaria en materia de regulación de la doble tarificación en la potencia de la energía para el riego era contraria a Derecho y condenó a la Administración a elaborar, aprobar y promulgar la norma reglamentaria correspondiente. Esta norma debía regular una modalidad de contrato de acceso para regadío que contemplase la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses. Sin embargo, la sentencia no se ha ejecutado y los regantes no pueden beneficiarse de la doble potencia eléctrica con gastos energéticos significativos.
La organización agraria valenciana explica que los regantes "se enfrentan ahora a un dilema porque, cuando deben utilizar los pozos para el riego agrícola, se aplican seis tarifas diferentes según los meses y las horas de uso. La tarifa más económica es la P6, que se aplica los sábados, domingos, festivos y durante el horario nocturno". Sin embargo, "algunas Comunidades de Regantes ya no disponen de dotación de aguas superficiales y se ven obligadas a poner en marcha los pozos también de día, lo que implica pagar la electricidad mucho más cara. Como consecuencia, los costes energéticos se disparan, ya que deben operar los pozos durante más días y horas para cubrir las necesidades de riego". Esto implica contratar más potencia eléctrica a tarifas más caras debido a la falta de ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo.
Además del sobrecoste por las tarifas, esta situación puede tener dos efectos negativos. Por una parte, una sobrecarga en la red. La concentración de la operación de todos los pozos al mismo tiempo para aprovechar la tarifa nocturna puede provocar una sobrecarga en la red eléctrica. Esta sobrecarga aumenta el riesgo de averías y fallos en la infraestructura, lo que podría dejar a las Comunidades de Regantes sin acceso al suministro eléctrico durante varios días. La falta de flexibilidad en los horarios de riego agrava esta situación, ya que no pueden distribuir la carga de manera más eficiente a lo largo del día. Por otro lado, están las dificultades en la extracción de agua. La operación simultánea de todos los pozos para extraer agua del mismo acuífero puede generar problemas adicionales. Algunos pozos están a diferentes alturas, lo que dificulta la extracción uniforme de agua. Esto afecta negativamente al riego y puede provocar desequilibrios en la disponibilidad de agua para diferentes parcelas agrícolas.
