El Ayuntamiento de Valencia ha otorgado al Valencia CF la licencia de obras del nuevo Mestalla para que puedan arrancar lo antes posible.
Además el Ayuntamiento, en esta licencia de obras, establece una serie de condiciones y penalizaciones en caso de incumplimiento tanto en el plazo para arrancar las obras como si fueran paralizadas durante su ejecución.
Condiciones muy exigentes
La licencia condiciona y penaliza al Valencia CF en caso de que se incumplan los plazos de construcción del nuevo estadio, y cuenta con los informes técnicos que avalan su viabilidad jurídica.
Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de seis meses y acabarse en un máximo de 30 meses, por los 42 que pedía el club y no admite que se interrumpan dichos plazos, además deberá aportar un calendario de ejecución de obras vinculante.
El club deberá aportar en un plazo máximo de tres meses un proyecto de Ejecución visado por el colegio profesional para un Estadio de fútbol de 70.000 espectadores, un estudio de Seguridad y Salud visado, un escrito en el que se comprometa a no utilizar la construcción hasta tanto no esté concluida la obra de urbanización y otro estudio, este de gestión de residuos de construcción y demolición
Si incumple los plazos, deberá aportar una garantía
Si en seis meses el club no ha iniciado las obras o las interrumpe una vez iniciadas, el Valencia CF deberá aportar una garantía financiera ejecutable por la Administración y vinculante con el 100 % del coste total de construcción que quede por realizar, en el plazo de improrrogable de 15 días desde que sea requerido por el Ayuntamiento.
De no aportarla, el ayuntamiento iniciaría los expedientes para declarar la caducidad y consiguiente extinción de la licencia y derogar el Plan de la Actuación Territorial Estratégica “Valencia Club de Fútbol”, que determinaría la completa eliminación de las plusvalías urbanísticas que este instrumento de planeamiento atribuyó a los terrenos propiedad del Valencia Club de Futbol, S.A.D. y la consiguiente recuperación de la vigencia de la ordenación anterior. Además se darían por extinguidos los convenios de 2005 y 2007.
Con estas medidas se busca proteger los intereses de la ciudad y penalizar los incumplimientos.
