Porque, siempre según la interpretación del Consell, sólo es valenciano el que habla en lengua valenciana y asume determinados presupuestos políticos vinculados al pancatalanismo intolerante y supremacista que los dirigentes de la Comunidad han asumido como propios.
La última y más brutal agresión a los ciudadanos de la Vega Baja ha sido la mal llamada Ley de Plurilingüismo que pretende extirpar el español de nuestro sistema educativo y arrebatar a las familias el derecho a elegir lengua vehicular para sus hijos. Los responsables de Conselleria no han tenido inconveniente en vulnerar la Constitución y el mismo Estatuto de Autonomía con tal de imponer su proyecto catalanizador. Tampoco han servido la movilización sin precedentes de los ciudadanos de la Vega Baja, la celebración de la mayor manifestación de su historia, ni las que le siguieron. Del mismo modo que el mayoritario rechazo de los centros a la imposición de unos planes lingüísticos que dinamitan el futuro de los niños de la Vega Baja y los convierte en ciudadanos de tercera. La humillación por parte del Gobierno Valenciano se ha completado con el desprecio a los recursos presentados por miles de padres que no han merecido ni tan siquiera de una respuesta.
Queda claro que Marzà, sin capacidad de justificar legalmente el atropello de las libertades que ha perpetrado, confía en que el alto costo económico de un contencioso, última alternativa a las familias, haga desistir a los padres. Con esta estratagema el Gobierno Valenciano eleva el nivel de su villanía, estableciendo que la libertad y los derechos constitucionales estén sólo al alcance de los ricos, una doctrina extraña para un Gobierno que pretende presentarse como como progresista.
Ante esta situación, Ampas Vega Baja y las Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística proponen llevar al contencioso un número limitado de casos pero que sean representativos de toda la comunidad educativa de la Vega Baja y de otras zonas de la Comunidad, en el convencimiento de que la razón que, sin duda, nos darán los tribunales, alcanzará a todas las familias que aspiren a algo, tan aparentemente normal, como elegir la lengua en la que sus hijos estudien.
Par sufragar el, ciertamente elevado coste del procedimiento jurídico, los padres y los profesores de la Vega Baja hacen un llamamiento a todos los vecinos de la Vega Baja, padres o no de hijos afectados por la acción liberticida del gobierno valenciano, a asociaciones, a organismos e instituciones para que se unan en una campaña para aportar los fondos necesarios que sufraguen los gastos. A tal efecto se ha habilitado una cuenta en la Caja Rural Central en la que se pueden aportar donativos por cualquier importe. El IBAN de la cuenta es ES89 3005 0011 6726 8596 6323.
No se trata solamente de nuestros hijos, se trata de nuestra supervivencia como región, se trata de la defensa de nuestra cultura y de nuestra historia. Se trata de definitivo de un llamamiento colectivo a la Vega Baja para que, de nuevo, vuelvan a poner sobre la mesa que la dignidad de esta tierra no puede ser atropellada ni tratada como una mercancía. Los hijos de la Vega Baja no son mano de obra barata, los hijos de la Vega Baja no se van a convertir en ciudadanos de tercera por la conveniencia un Gobierno Valenciano entregado al supremacismo pancatalanista. Sabemos que la Vega Baja no se va a rendir y contamos con que haga saber a quienes la desprecian que este pueblo no se va a someter y dará una respuesta masiva y contundente.
