La Asamblea de Extremadura ha aprobado una propuesta de pronunciamiento en la que se insta al Congreso de los Diputados a aprobar la iniciativa legislativa popular de regularización extraordinaria de 500.000 migrantes presentada por casi 700.000 firmas.
La propuesta ha sido presentada por Unidas por Extremadura, con el fin de que, una vez ya ha sido tomada en consideración por una "amplia mayoría" en el Congreso, la ILP "no se estanque en los procesos de los trámites parlamentarios".
En estos términos, ha sido apoyada por el Grupo Socialista, lo que ha permitido aprobar la propuesta gracias a que el PP se ha abstenido, mientras que Vox ha sido el único grupo que ha votado en contra.
La diputada encargada de defenderla, Nerea Fernández, ha destacado que se trata de "un tema fundamental en la construcción de una sociedad más justa y solidaria", justificando que "esta medida es urgente porque el sistema de regulación ordinaria no funciona".
Fernández ha destacado que "solo el seis por ciento del 13 por ciento de la población migrante llega de manera irregular", abogando por tanto por "regularizar su situación", y que en ese 13 por ciento "también entran alemanes, ingleses, franceses que viven aquí", pero "esos no molestan", ha dicho de forma irónica.
En todo caso, ha señalado que en Extremadura "la convivencia es buena y el calado de los discursos racistas hasta el momento no ha sido generalizado", pero la acogida de menores inmigrantes en diversos centros como el albergue de Mérida ha dado lugar a "campañas de criminalización oportunistas".
Nerea Fernández ha señalado que "a las personas migrantes se les relega a los márgenes, se les criminaliza, se difunden bulos y mentiras y se les somete a políticas y discursos xenófobos y racistas", defendiendo que "las personas migrantes no son, ni deben ser vistas, como mano de obra barata, como cifras o como "problemas" a gestionar.
Son seres humanos, con derechos inalienables, por eso "nadie es ilegal, están en situación irregular pero jamás ilegal, así como lo es el derecho a una vida digna y libre de explotación".
En el lado contrario del discurso de Unidas por Extremadura se ha situado el diputado de Vox, Álvaro Sánchez-Ocaña Vara, que ha acusado a los diputados que apoyan esta propuesta de ser "cómplices de una inmigración ilegal", término que ha subrayado en varias ocasiones, así como "incontrolada e incompatible" con el modelo social y cultural de España.
"Son ustedes culpables de que la invasión migratoria no haya hecho más que acelerarse año tras año, especialmente desde que Sánchez, con el beneplácito de golpistas y terroristas, es presidente", ha añadido el diputado de Vox.
En su opinión los "únicos" beneficiarios de esta "desastrosa política" migratoria "son las mafias que trafican cada día con las desgracias humanas y se lucran con políticas de acogida como esta".
Las víctimas de ello son los "inmigrantes muertos en el mar que oyen sus cantos de sirena", así como los "inmigrantes legales que respetan las leyes y las fronteras" de los países; y los españoles que "sufren en sus carnes la consecuencia de esta inmigración ilegal, sobre todo aquella que no quiere adaptarse", en forma de "inseguridad, ocupaciones, delincuencia, colapso de los edificios públicos y sanitarios", ha afirmado.
Por todo ello, se mostrado a favor de la inmigración legal, mientras que en respuesta a la "masiva e ilegal" que plantea esta propuesta, la respuesta de Vox es la puesta en marcha de "deportaciones masivas".
Por su parte, l diputada socialista Teresa García Ramos ha recordado que la anterior ocasión en la que se abordó este asunto en el parlamento regional aún estaba en vigor el "matrimonio PP-Vox" en el gobierno extremeño, por lo que esperaba que el Partido Popular fuera capaz al menos de "hablar de inmigración, en los términos que sea", y no como ocurrió este pasado miércoles en el Congreso de los Diputados porque "no solo no saben lo que votan, sino que no saben lo que hablan, y lo peor, como dijo Pedro Sánchez, es que no saben dónde van".
Para la diputada socialista, al PP "lo único que les interesa es usar la inmigración para causar alarma social y ocultar su falta de proyecto político".
García ha rechazado los discursos de odio que criminalizan a los migrantes, al tiempo que ha recordado que las regularizaciones masivas "no son nada nuevo", puesto que España ha vivido nueve, cinco de ellas con el Partido Popular y cuatro con el Partido Socialista, y todas ellas han provocado "efectos económicos y fiscales positivos", así como ha subrayado el papel del fenómeno migratorio para superar el reto demográfico.
Finalmente, la diputada del PP Isabel García López ha recordado que esta ILP ya fue presentada en el Congreso donde la mayoría, incluido el PP, votó a favor de su tramitación, por lo que le ha reclamado a Unidas por Extremadura a instar al Gobierno central a que "se ponga a trabajar en esta materia tan importante y tan social como es la migración".
En este punto, ha subrayado que el PP ha presentado una enmienda a esa iniciativa en el Congreso "seria" y que recoge medidas que son "necesarias para que la regularización de esas personas se lleve a cabo de una forma ordenada y controlada".
Una regularización con unos requisitos que son "totalmente coherentes" y que darán lugar a una "política migratoria segura, ordenada, responsable y siempre dirigida a la protección de los derechos humanos".
