El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, toma "con cautela" y "prudencia" que el Tribunal Constitucional haya declarado la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos relativos al cálculo de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor o plusvalía, que supone unos 3 millones de euros de recaudación en el consistorio de la capital pacense, y a tenor de lo cual pide que se cuente con los ayuntamientos a la hora de elaborar el nuevo método de cálculo.
A preguntas de los periodistas por este asunto, Gragera ha reconocido que "en principio" lo toma "con cautela" dado que todavía se tiene que conocer el contenido íntegro de la sentencia y se tiene que valorar cuáles son las consecuencias "exactas", sobre lo cual ha agregado que en la nota de prensa que se emitió por parte "incluso" del Gobierno ya se anunciaba una nueva regulación.
De este modo, ha insistido en tomarlo con "cautela" y "prudencia", dado que, a partir de ahora, se abre un periodo, hasta que se solucione, "de incertidumbre" y se tiene que saber "por dónde va a ir" tanto la sentencia como las "intenciones" del Gobierno a la hora de tramitar el nuevo método de cálculo y "cubrir esa laguna que se ha generado ahora".
En este sentido, el regidor de la capital pacense ha pedido "celeridad" en cuanto a la confección de la norma y también "colaboración" y que, en concreto, "se escuche" a las entidades locales y a los servicios técnicos, así como que se oriente esa metodología de cálculo "hacia una sencilla que permita que no haya, en lo sucesivo, ningún problema de impugnación que provoque esta merma o posible merma de ingresos respecto a las entidades locales", que son las que gestionan y cobran este impuesto.
"Solicitud de colaboración, que cuenten con nosotros, que cuenten con los ayuntamientos para elaborar ese nuevo método de cálculo y sobre todo reflexión", ha remarcado, a la vez que ha trasladado a los ciudadanos que "obviamente" desde el Ayuntamiento de Badajoz "no" van a proceder a la liquidación "hasta que se aclare esta situación".
No obstante, como sujetos obligados y a pesar de esta anulación de las liquidaciones sí que siguen teniendo la obligación de presentarlas "independientemente de que luego el ayuntamiento, su ayuntamiento, proceda a la liquidación", ha incidido.
Por otro lado, Gragera ha hecho hincapié en que Badajoz tiene "una cosa positiva" como que, en relación a la plusvalía, el coste por habitante es "muy inferior" a la media nacional y está en torno a 20-22 euros por habitante cuando la media del país está "muy por encima", o también en otras ciudades como Madrid y otras grandes poblaciones que están "por encima de los 200 euros por habitante en cuanto a coste de plusvalía".
De esta manera, para el consistorio de la capital pacense "supone una merma, pero no es una merma tan alta como en otros sitios" y, según ha calculado, la media de los últimos años se puede aproximar a en torno a unos 3 millones de euros de recaudación.
Así, ha confiado en que "se aclare y se solucione" este asunto, dado que a la hora de confeccionar y elaborar los presupuestos municipales del año 2022 supone que "en principio" no puedan contar con esa cuantía, ni dotar la partida de ingresos "y por tanto la partida de gastos correspondientes". "Supone una piedra importante en el camino pero seguro, confío, que en breve podamos solventarlo", ha concluido Ignacio Gragera.
