El Pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha rechazado con los votos en contra de Partido Popular, PSOE y Ciudadanos, la abstención de Unidas Podemos y el voto a favor del concejal no adscrito, Alejandro Vélez, dos peticiones de modificación puntual del Plan General Municipal, consistentes en la regularización de asentamientos rústicos irregulares en 'Huertos la Encina' y 'Los Rostros de Santa Amalia'.
Según ha detallado el concejal delegado de Urbanismo, Carlos Urueña, se han presentado dos informes, uno jurídico y otro técnico, que se recogen en uno final, y cuando entró en el gobierno local a mediados de junio lo primero que hizo al mes siguiente fue tener una reunión con la Dirección General de Urbanismo con los jurídicos de ambas instituciones para buscar una solución a este tema, pero no encontraron ninguna.
Así, ha concretado que presentan una modificación para que "esto sea un asentamiento irregular", tras lo cual ha concretado que, según la ley, se consideran como tales "los generados por actos carentes de legitimación, que sería el caso, sobre los que no cabe la actuación disciplinaria de restauración": "justamente en este caso es clarísimo, porque es que estamos llevando a cabo actuaciones disciplinarias de restauración y es que se encuentran en fase de conclusión, por tanto es imposible poder utilizar el artículo 71 para poder legalizar 'Los Rostros'".
El edil del PSOE Pedro Miranda ha matizado que "sobre todo por querer entender el drama en el que se encuentran algunos vecinos en esa zona" que, si hay alguna posibilidad se haga como "últimamente" cuando se está conociendo que el ayuntamiento se gasta dinero en acudir a gabinetes jurídicos "de gran prestigio a nivel nacional" para que resuelvan cosas que, "a lo mejor", los técnicos de la casa son conocedores del tema "pero no tienen toda la seguridad" y, en este caso, para para "resolver un grave problema" de la ciudad en todos sus Núcleos Urbanos Secundarios (NUS).
Al respecto, el alcalde, Francisco Javier Fragoso, ha compartido los "criterios de preocupación global que se pueden tener", aunque ha remarcado que "esto no es un NUS" y que para todos estos núcleos ya está planificada la contratación de una asistencia técnica que ayude tanto al ayuntamiento como a la comunidad, que tras la modificación de la ley "tampoco tiene claro la hoja de ruta", en aras de "intentar solucionar" una situación como esta en la que hay una veintena de urbanizaciones en la ciudad que "necesitan tener una salida" que la ley "ha marcado".
"Pero después no se sabe fácilmente cómo desarrollarla y, de hecho, yo creo que en contactos con la Dirección General de Urbanismo se nos ha pedido que utilicemos algún modelo o cojamos un NUS para que sea el ejemplo por el cual después en toda Extremadura seguir con este proceso", ha adelantado el primer edil, junto con que "desgraciadamente" se trata de un caso "muy analizado" por el ayuntamiento y los juzgados y "ya está sentenciado" por el Tribunal Superior de Justicia, que "ha marcado ya sentencias más que firmes en reiteradas ocasiones".
Seguidamente, ha recalcado que, si en el diálogo con Urbanismo, "hubiera habido alguna luz para haber explorado algún camino, el camino se hubiera explorado", pero que "desgraciadamente" se trata de dos peticiones "fuera de ley" aunque ello no significa que estén "fuera de nuestro corazón entenderlo", dado que en el caso de "la mayoría" alguien ha querido hacer algo por "si había suerte y 20 años después no se ejercía el peso de la ley", aunque también hay "casos individuales" que "posiblemente" fueron llevados a una situación "no digo que engañados pero casi".
Por su parte, la concejal de Unidas Podemos, Erika Cadenas, ha aseverado que hay sentencias judiciales, actuaciones disciplinarias de restauración en curso y pendientes de ejecución o sanciones y que según los informes técnicos y jurídicos a los que han tenido acceso la solicitud que presentan estos vecinos es "improcedente" puesto que vulnera el ordenamiento jurídico y el ayuntamiento no puede asumirla "como propia". Por otra parte, ha agregado que estos particulares tienen derecho a instar estas modificaciones, aunque el pleno no puede contravenir la legalidad vigente.
El concejal no adscrito Alejandro Vélez ha valorado que "una vez más" se queda "solo" en "este drama vecinal" en el que "se ha utilizado la parte más restrictiva" de la ley, cuando ha habido dos argumentos "que perfectamente se podían haber utilizado para lo contrario, para beneficiarles como proponen ellos", a la vez que ha incidido en que el ayuntamiento se ha "apoyado" en un informe técnico para que su "voluntad política" se lleve a cabo, que es el derribo de esas viviendas.
