Los abogados de las familias de dos de los fallecidos en el río Guadiana a su paso por la ciudad de Badajoz el pasado mes de enero, Emilio Bastida y José Luis Martín, quieren "llevar la acusación en este asunto hasta sus últimas consecuencias", tras valorar el informe de la Inspección de Trabajo, en cuyas conclusiones provisionales "ya se aprecian posibles infracciones en materia de seguridad y salud que pudieran resultar determinantes en el fatal desenlace".
Unas "posibles infracciones" que incluyen "posibles incumplimientos" relacionados con la calidad y normas de uso de los equipos de protección individual y de la ropa de trabajo facilitada a los trabajadores fallecidos para el desarrollo de su labor, y por las cuales se ha abierto un acta de infracción contra la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y las dos concesionarias, Foresa y Exver, por si pudieran derivarse sanciones.
Así lo ha señalado el abogado y director del Despacho Pajuelo Abogados, José Antonio Pajuelo, en una rueda de prensa sobre la instrucción judicial de la causa, en la que ha estado acompañado del responsable del departamento penal, Juan Manuel Yerga y la colaboradora del departamento laboral, Concha Gómez.
Los tres conforman el equipo de abogados que están desarrollando la defensa de los intereses de las familias de Bastida y Martín dentro de las causas penales y administrativas que se están siguiendo para la instrucción y depuración en sede administrativa y judicial de los hechos "tristemente acaecidos" el pasado 25 de enero, que terminaron con el fallecimiento por ahogamiento en el Guadiana de ambos y de otro trabajador que les acompañaba en la barca.
Su trabajo, como ha detallado Pajuelo, se está desarrollando en un doble ámbito, dado que están personados por las familias tanto en la vía administrativa en el procedimiento abierto por la Inspección de Trabajo en materia de seguridad y salud de los trabajadores afectados, como en la vía penal en la instrucción en la que se siguen investigando los hechos y que está a expensas de recibir el citado informe de la Inspección de Trabajo.
Seguidamente, ha detallado que es en vía administrativa donde se ha recibido este informe de la Inspección de Trabajo, en cuyas conclusiones provisionales "ya se aprecian posibles infracciones en materia de seguridad y salud que pudieran resultar determinantes en el fatal desenlace".
Ante ello, ha matizado que habla de "posibles infracciones" dado que las conclusiones de este informe de las que se les ha dado traslado tienen que someterse "aún" al trámite administrativo y, en función de las apreciaciones de la Inspección y de las alegaciones de todas las partes, incluidas las de los letrados que representan a estas familias, se decidirá "finalmente" si se abre sanción o no contra los responsables.
En relación al informe en sí, ha puntualizado que sobre la base de lo apartado por el Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral que también depende de la Junta de Extremadura se indica por parte de la Inspección de Trabajo que las condiciones ambientales y meteorológicas, así como el estado del río en cuanto a caudal y corrientes "pudieran no haber sido las más adecuadas para la navegación que ese día, con motivo de acometer el trabajo encomendado, se ordenó a los trabajadores que emprendieran".
Además, ha sumado, se dice que dentro de su tarea de valoración del accidente de trabajo "se aprecian al menos tres posibles infracciones e incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales" que pasan, por un lado, por una "posible" falta de una formación "adecuada y suficiente" de los trabajadores "relacionada con la necesidad de haberse asegurado su nivel de destreza en el nado antes de destinarlos a este tipo de trabajos en el río".
Por otro lado, según Trabajo "parece ser que no existía previsto un procedimiento de actuación que rigiese los pasos a seguir en caso de una emergencia de este tipo" y, en tercer lugar, "se aprecian también posibles incumplimientos relacionados con la calidad y normas de uso de los equipos de protección individual y de la ropa de trabajo facilitada a los trabajadores fallecidos para el desarrollo de su labor", en referencia a los chalecos salvavidas y a los vadeadores que llevaban ese día los trabajadores, así como al uso conjunto de ambos y si "facilitaban la necesaria flotabilidad".
Según Pajuelo, estas son las conclusiones provisionales emitidas por el Informe de la Inspección por las que se ha decidido abrir acta de infracción contra las empresas y entidades intervinientes "por si pudieran derivarse sanciones para las mismas".
"Paralelamente", ha continuado, la instrucción penal de la causa está pendiente de este informe de Inspección y, a raíz del mismo, se ha dado traslado a la Fiscalía, también a las acusaciones particulares, para que decida o diga los pasos que se tienen que seguir.
Sobre esto último, José Antonio Pajuelo ha agregado que, en orden a continuar la causa para su enjuiciamiento en el caso de que se aprecie que todas las pruebas están "cubiertas", entienden que faltan "todavía" algunas pruebas por determinar y así las van a solicitar, así como que también se puede dar el caso de solicitar el sobreseimiento de la causa, algo que ven "una circunstancia remota".
"Por lo que nosotros respecta nuestro despacho, después de valorar con nuestros clientes el resultado de ese informe y aún antes por todas las circunstancias que les han llevado a esta incomprensible e inasumible situación de verse privados de sus seres queridos la consigna es muy clara, llevar la acusación en este asunto hasta sus últimas consecuencias", ha avanzado.
"Y que quien, por no haber hecho en su momento su función por lo menos en materia de prevención, seguridad y salud de los trabajadores fallecidos, haya tenido cualquier tipo de responsabilidad en lo ocurrido lo afronte en la forma y medida que nuestra legislación penal y civil así lo establece", ha aseverado, junto con que lo hacen tanto para prevenir que este tipo de situaciones se produzcan en un futuro, como para "castigarla si, en este caso, son penal o administrativamente punibles".
Por su parte, Gómez ha matizado que "ahora mismo" tienen el informe técnico de la Inspección, donde hay una propuesta y que "claramente determina que existen unos posibles incumplimientos" que podrían haber dado lugar a que estos trabajadores se ahogaran, así como que hay un plazo para presentar alegaciones que está abierto, sobre lo cual ha considerado que "en principio" desde el despacho van a acatar lo que la Inspección ha trasladado, cuyo resultado no pueden revelar.
Sin embargo, ha apuntillado que "ha sido muy contundente" y que "coincide" con todas las conclusiones que establecieron "incluso" en la fase penal en cuanto a las irregularidades que creían que se habían cometido, y que habían llevado a ese "desenlace"; al tiempo que ha sumado que "técnicamente esos incumplimientos coinciden con lo que la Inspección está planteando".
Finalmente, Juan Manuel Yerga ha aclarado que en la vía penal se trataría de un delito contra la seguridad en el trabajo de los trabajadores, con penas que van de seis meses a los tres años de cárcel, y ha explicado que están ante lo que se denomina "una norma penal en blanco", de manera que necesitan "acreditar un incumplimiento" por parte de los responsables, tanto de Confederación, como de Foresa y Exver "para poder depurar las responsabilidades penales".
