El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha reclamado la rescisión del contrato del consistorio con la concesionaria del transporte urbano de la ciudad, Tubasa, y ha sostenido que se trata "una vez más" de un "ejemplo clamoroso" de gestión "manifiestamente mejorable" de los servicios públicos realizada por el Partido Popular "durante tantos años en esta institución", en los últimos seis "siempre apoyados" por Ciudadanos.
Una gestión "absolutamente caótica" en la que "el poder de decisión no ha estado en la Plaza de España, sino en el Polígono de El Nevero en la sede de la concesionaria", ha sostenido Cabezas en una rueda de prensa telemática sobre el conflicto de Tubasa en la que ha estado acompañado del concejal socialista Martín Serván y en la que ha señalado que las dos soluciones posibles que propone el PSOE son explorar el mercado sacando la concesión a contratación o la remunicipalización del servicio.
Cabe recordar que los trabajadores de Tubasa han decidido movilizarse por la deuda que mantiene el ayuntamiento con la empresa, dado que temen que afectará directamente al abono de las nóminas de la plantilla.
Por otro lado, la concesionaria del servicio público del transporte urbano ha presentado tres recursos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo para reclamar el abono de la liquidación del déficit de 2019, unos 900.000 euros, y de 2020, 1,2 millones. El tercero se refiere a la modificación del contrato para la renovación de parte de la flota.
En su intervención, el portavoz socialista ha explicado que su grupo rechazó en pleno la modificación del contrato del transporte urbano al considerar que dicho contrato de concesión de Tubasa debía haber finalizado en 2017 "tal y como figuraba en el contrato inicial".
En segundo lugar, lo rechazaron porque en esas fechas, en opinión de los socialistas, se debería haber convocado una licitación en el mercado abierta a las empresas del sector para que presentaran ofertas y gestionar el transporte en Badajoz de acuerdo a las características técnicas medioambientales y de movilidad "en este momento" y "tan distintas de aquel lejano 1987", cuando comenzó dicho contrato con Tubasa.
No obstante, ha continuado, el gobierno del PP apoyado por Cs amplía la concesión y, para compensar la renovación de flota, alarga el contrato hasta el máximo legalmente posible, 50 años hasta 2037, al tiempo que ha sumado en tercer lugar que en 2021 y 2022 hay que realizar la renovación de la flota que en esa fecha cumple los 10 años, aunque ahora dichas nuevas renovaciones suponen un "elevado gasto" y "un mayor déficit de concesión que incrementa el ya elevado coste que a la fecha se produce".
Se trata de cinco renovaciones de flota las que habría que efectuar con un coste aproximado cada una de entre 5 y 6 millones de euros y correspondientes a distintos años que van de 2021 a 2032, lo que unido al déficit existente actual supondrá un coste para el ayuntamiento de unos 125 millones, ha recalcado Cabezas, para quien esta situación es "preocupante" y hay que ser "conscientes" de que se está ante un contrato "desnaturalizado, incapaz de dar respuesta a la realidad".
También es "un instrumento inadecuado para afrontar los retos de movilidad, los compromisos medioambientales, los retos de la economía verde y circular en nuestra ciudad", además de estar "demostrado" que es "una fuente de conflictos judiciales y sociales que nos perjudican y seguirán perjudicando en el futuro a nuestra ciudad y al servicio que se presta a nuestros vecinos", ante lo cual ha pedido "una vez más" la rescisión contractual.
De este modo, Ricardo Cabezas ha solicitado "con vehemencia" a la Alcaldía que "afronte el problema" y empiece a valorar "seriamente" la posibilidad de rescindir el contrato "garantizando por supuesto" los puestos y el sueldo de los trabajadores, ante lo cual ha planteado dos soluciones posibles, la primera de las cuales pasa por explorar el mercado sacando la concesión a contratación y permitiendo que las empresas puedan presentar sus ofertas adaptadas a la nueva modalidad de movilidad urbana.
La segunda, que el PSOE está "explorando" y con la que cree, dado el montante económico que cifra en más de 10 millones de euros anuales, que "sería posible dar un mejor servicio en el transporte urbano a través de su remunicipalización" como han hecho "con éxito" otras ciudades, y de forma que se garantice un servicio público "que no busque a toda costa un beneficio desorbitado", sino que priorice la calidad y el equilibrio financiero responsable en beneficio "preferente" de los ciudadanos de Badajoz.
Una propuesta de los socialistas que han compartido con el comité de empresa cuando se han reunido con ellos, ha concluido Cabezas, que ha pedido la convocatoria "urgente" de la comisión de seguimiento del contrato de concesión del transporte urbano, que viene contemplado en el contrato, y, con la presencia de los grupos políticos, "buscar el consenso sobre las soluciones urgentes que correspondan para que la situación que se está originando no se convierta en un grave problema social y financiero".
Por otra parte, ha urgido la convocatoria de un pleno extraordinario y "urgente" para prever los créditos necesarios y las partidas de transferencia a la empresa para que pueda hacer frente a las obligaciones del ayuntamiento frente a la misma dotando de liquidez.
Por su parte, Martín Serván ha repasado de dónde nace y cómo ha devenido en el tiempo este conflicto con el transporte urbano de la ciudad que afecta tanto al ayuntamiento, como a la empresa concesionaria, a los trabajadores y a la propia ciudadanía pacense, y ha apuntado que el PSOE se ha reunido con el comité de empresa, a quienes comunicaron que según su "impresión inicial no existe causa fundada que Tubasa pueda alegar para dejar de abonar la nómina a sus trabajadores, al menos examinando la relación financiera con el Ayuntamiento de Badajoz en los últimos años".
Para Serván, "no cabe pues excusarse en diferencias de criterios técnicos que han surgido tras la obligada realización de auditorías de control financiero" y "no debe incidir en la liquidez para el pago de la nómina esta situación económica financiera", a la vez que ha considerado que los trabajadores "deben estar relativamente tranquilos" porque la empresa puede pagar las nóminas "como hasta ahora ha venido haciendo, eso sí, si el ayuntamiento actúa con la debida diligencia".
