La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera de Extremadura (FTSP-USO) ha solicitado una nueva mediación ante la Fundación de Relaciones Laborales de la Junta para llegar a un acuerdo que permita garantizar la seguridad de todos los trabajadores que prestan servicio en el Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales 'Vicente Marcelo Nessi' de Badajoz.
"Como ha quedado demostrado, la peligrosidad no solo no cesa sino que, además, va en aumento, siendo más que latente el aumento de la inseguridad y miedo de los trabajadores y trabajadoras que allí trabajan", ha advertido la federación en nota de prensa este viernes.
Con esta nueva mediación, la FTSP-USO ha señalado que busca "poner fin" a la huelga que, ha recordado, "lleva convocada desde junio de 2023" a causa de "la negativa a reconocer, tanto por la Junta, como por la empresa adjudicataria del servicio, la peligrosidad al colectivo de vigilantes de seguridad" que desempeñan sus funciones en el referido centro.
Así, para tratar de llegar a un acuerdo, la federación ha explicado que se ha citado a la empresa concesionaria y a la Consejería de Salud y Servicios Sociales a una mediación en la que reclamarán el reconocimiento de la peligrosidad "a toda la plantilla de vigilantes", ya que, aseguran, actualmente solamente la tienen reconocidos "algunos integrantes" de la misma.
Para que esta medida no sea "lesiva para la actual concesionaria del servicio", ha explicado FTSP-USO, "se comenzaría a reconocer los seis últimos o tres últimos meses de la actual licitación y, de manera gradual, hasta llegar el total del reconocimiento".
Del mismo modo, pedirán un aumento del número de vigilantes de seguridad, en dos más en los turnos de mañana y de tarde diariamente, y en uno más en el de noche, cursos formativos presenciales y específicos para este tipo de centro con una duración no inferior a 80 horas, y equipos de protección individual regulados y recogidos por ley.
Por otra parte, USO Extremadura ha reivindicado la importancia de adoptar medidas de seguridad para el personal que desarrolla su trabajo en los pisos tutelados, además de más medios materiales y humanos para el resto de centros de menores de la región.
A su vez, el sindicato ha considerado que en estos centros, los trabajadores de seguridad privada deberían tener el reconocimiento de "agente de la autoridad".
