Extremadura fue una de las comunidades autónomas, junto a Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña, Castilla-La Mancha y Murcia, además de las ciudades de Ceuta y Melilla, que no ejecutaron el presupuesto transferido por el Ministerio de Igualdad en 2022 para la puesta en marcha de acciones de formación especializada en prevención y detección de explotación sexual y trata a los equipos profesionales que intervienen en los centros de menores.
Según ha detallado el Ejecutivo, en una respuesta parlamentaria dirigida al Partido Popular, en la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada el 27 de mayo de 2022, se acordaron los criterios de distribución territorial, así como las cuantías resultantes de las transferencias a las comunidades autónomas correspondientes al ejercicio 2022, del crédito de 800.000 euros para la formación especializada de profesionales en materia de la prevención y la detección de la explotación sexual en menores.
En el documento, recogido por Europa Press, el Gobierno aclara que, a fecha de 31 de marzo de 2023, las comunidades autónomas debían informar al Ministerio de Igualdad sobre la ejecución del ejercicio. "De la información recibida, se observa que tan solo nueve comunidades o ciudades autónomas habían ejecutado parte o el total del crédito transferido, lo que representa el 52,94% del total", ha subrayado. Del total de 800.000 euros transferidos, se había ejecutado el 45,58%, esto es, 364.609,54 euros.
Por comunidades, Galicia ejecutó el total del presupuesto de 43.848,27, mientras que Andalucía alcanzó el 99% de ejecución, hasta los 133.445,00 euros. Tras estas dos regiones, las que mayor porcentaje de ejecución presupuestaria reportaron a Igualdad fueron Castilla y León (88,47%), Comunidad Valenciana (86,48%), Cantabria (65,5%), Asturias (56,22%), Comunidad de Madrid (53,01%) y La Rioja (41,83%).
En cuanto a las que han ejecutado el crédito, el Gobierno ha indicado que siete de ellas han llevado a cabo un proyecto de formación, representando el 77,78% del total de las medidas de implementación. Llevaron a cabo un total de 40 actividades de formación: trece en la Comunidad Valenciana, doce en Castilla y León, nueve en Andalucía, dos en Cantabria y Galicia, una en La Rioja y otra en Asturias.
"La detección, protección y atención integral a las víctimas de violencias sexuales menores de edad requiere una respuesta interinstitucional coordinada y homogénea que, desde un enfoque común, conecte a todos los niveles de la Administración Pública con competencias en la materia, y asegure la detección y la intervención especializada encaminada al cese de la violencia y a la recuperación integral de las víctimas", ha subrayado el Gobierno.
