El Gobierno y las comunidades autónomas han destinado más de 2.000 millones de euros en el plan operativo para desarrollar en 2025 la 'Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad: un proceso de desinstitucionalización', aprobada en junio por el Consejo de Ministros.
Según han informado desde el Ministerio de Derechos Sociales, este plan moviliza más de 2.000 millones de euros (2.053.100 euros) aportados por los gobiernos de doce comunidades autónomas y por el Gobierno de España, para financiar un total de 695 actuaciones.
Con este plan se pondrá en marcha la transformación de los cuidados que reciben las personas mayores y personas con discapacidad que son dependientes, así como las personas sin hogar y menores migrantes, tal y como marcó la estrategia estatal. "El objetivo es transitar hacia un modelo que ofrezca cuidados personalizados en el hogar de cada usuario/a, así como transformar el actual modelo de atención en grandes residencias hacia un modelo de pequeña escala que tenga lugar en los entornos comunitarios de las personas usuarias, para que no tengan que abandonar sus entornos", han apuntado desde el departamento que dirige Pablo Bustinduy.
Asimismo, han indicado que uno de los elementos claves de este plan es el acceso a una vivienda "digna y accesible" como un derecho que recorre sus ejes de actuación, no solo para que las personas usuarias puedan recibir los apoyos necesarios sino también para prevenir la institucionalización. Así, una gran parte de las actuaciones del plan están encaminadas a garantizar las condiciones que permite a las personas con dependencia quedarse en su hogar tanto como deseen o a que puedan acceder a viviendas con apoyos en la comunidad para seguir construyendo su proyecto de vida.
De los cinco ejes que componen este plan operativo, las acciones en vivienda se agrupan en los ejes 1 y 4. En este sentido, el primero de ellos está destinado a prevenir las dinámicas que desembocan en la institucionalización. Las medidas que despliega se concentran en facilitar el acceso a viviendas dignas, promocionar la salud y garantizar el acceso a los servicios de proximidad y la accesibilidad a edificios, documentos, etc. En total, recoge 233 actuaciones con una dotación de 602,6 millones de euros. Entre ellas, aparecen la creación de una red de 100 viviendas de titularidad pública de inserción social, de la Xunta de Galicia, la oferta de vivienda en alquiler de la Generalitat de Catalunya o las subvenciones para alquiler para jóvenes extutelados en Castilla-La Mancha.
En cuanto al segundo eje, las 125 actuaciones contempladas en el mismo buscan fomentar la participación activa de las personas dependientes en la toma de decisiones sobre sus vidas, así como la importancia que tiene la autodeterminación y el derecho a vivir en comunidad. Este tiene una previsión de dotación de, al menos, 131 millones de euros.
Respecto al tercer eje, este está centrado en revolucionar la formación de los profesionales y la gestión del sector para transformar el propio modelo. El objetivo, según ha señalado el Ministerio de Derechos Sociales, es "ofrecer a los profesionales las herramientas para poder personalizar los cuidados y fomentar la inclusión en la comunidad y mejorar las condiciones laborales del sector". Está compuesto por 183 actuaciones que movilizan 687,2 millones de euros.
Por otro lado, las medidas que contempla el paquete número cuatro se encaminan a que las personas tengan "alternativas dignas" para vivir y ser cuidadas en la comunidad. Para ello, se apuesta firmemente por el acceso a la vivienda y por el impulso de apoyos y servicios de base comunitaria que permitan a las personas poder vivir de acuerdo con su voluntad en sus comunidades. Este bloque contempla 125 actuaciones con una estimación de 584,3 millones de euros.
Todas las actuaciones recogidas en los anteriores ejes requieren de una actualización normativa, administrativa, de financiamiento y de coordinación institucional que se afronta en el último bloque. Para ello, se prevé la modificación de la Ley Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD) y el desarrollo de un sistema de gobernanza y coordinación de la propia estrategia que fomente la participación activa de todos los agentes. El eje recoge un total de 29 actuaciones con 47,9 millones de euros.
POLÍTICAS "LO MÁS AJUSTADAS POSIBLE A LAS REALIDADES LOCALES"
El plan operativo 2024-2025 ha sido elaborado mediante un proceso participativo con otros ministerios y con comunidades autónomas "para asegurar que las políticas propuestas están lo más ajustadas posible a las realidades locales". En esta línea, ha consistido en la celebración de seminarios, grupos de trabajo, grupos focales autonómicos, consultas y eventos públicos y ha contado con la participación del Ministerio de Sanidad, el de Educación y Formación Profesional, el de Trabajo y Economía Social, Juventud e Infancia y Transición Ecológica y Reto Demográfico, así como de doces comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Región de Murcia y Comunidad Foral de Navarra).
Precisamente, el ministro Pablo Bustinduy inaugurará este jueves 12 de diciembre, en el salón de actos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el Congreso EDI (Congreso Estrategia de Desinstitucionalización) en el que participarán personas expertas de referencia en el sector de los cuidados. Además, se presentará un estudio sobre los procesos de desinstitucionalización y transición hacia modelos de apoyo personalizados y comunitarios, que se ha elaborado en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid. Este Congreso contará, además, con la intervención de la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, para la clausura.
