La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha remarcado el "firme compromiso" del Gobierno autonómico por "mejorar" el actual sistema de protección de menores y pisos tutelados en Extremadura, que a su juicio requiere de "cambios complejos" mediante la implicación de "todos" los agentes que forman parte del mismo.
En este sentido, ha dado a conocer que desde hace meses, de forma individual y ahora en una mesa conjunta, "sin publicidad de ningún tipo", su consejería mantiene un "diálogo abierto" con trabajadores, colegios profesionales, asociaciones, agentes sociales y también con las empresas concesionarias de los recursos de menores, con el objetivo "claro" de escuchar sus propuestas y sus demandas de cara a la elaboración de unos nuevos pliegos que "mejoren" lo encontrado por el PP a su llegada al poder esta legislatura.
De este modo lo ha señalado en respuesta a una pregunta sobre la cuestión formulada este jueves en el pleno de la Asamblea por parte del portavoz parlamentario de Vox, Óscar Fernández Calle, quien ha considerado que la "herencia" recibida por el actual Gobierno regional en materia de sistema de protección de menores "es terrible", aunque ha considerado que el actual Ejecutivo autonómico no puede por ello "eludir el debate ni las responsabilidades", máxime tras la reciente muerte de una trabajadora de un piso tutelado en Badajoz.
Así, ha reivindicado que en el seno del Gobierno extremeño se produzca la "depuración de responsabilidades políticas al más alto nivel" tras dicha muerte. "Hay una muerte de una persona de 35 años y no pueden escurrir el bulto", ha espetado.
En esta línea, Fernández Calle también ha reclamado a la Junta de Extremadura "más medios y mejores condiciones" para los profesionales de dichos centros, así como "más seguridad" para los mismos, porque "trabajan con un riesgo evidente de vida".
"Responsabilidades políticas aquí nadie asume, cuando ha habido la muerte por asesinato de una persona de 35 años", ha lamentado el portavoz de Vox, quien ha recordado que "lo precario de la situación lo han denunciado los propios trabajadores", que "están saturados, que están sin plaza, que están sin personal".
En este punto, Fernández Calle ha añadido también que a su juicio "es obvio" que dichos trabajadores "no tienen la seguridad que se necesita", y ha advertido de que "esta situación se va a ver aumentada porque van a venir menas a Extremadura y no hay tampoco plazas para ellos" y "va a empeorar porque va a haber una masificación todavía más grande" en los centros.
MEDIDAS DE LA JUNTA
Finalmente, en respuesta a la pregunta de Vox, la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha defendido las medidas que hasta el momento ha venido implementando la Junta en materia de protección de menores. Entre ellas, y con el objetivo de desinstitucionalizar, la campaña 'Sé parte de su historia', que ha recibido ya 51 peticiones de acogimiento familiar para que esos menores tengan una situación "mejor".
También ha destacado el incremento por parte del actual Gobierno autonómico en un 115 por ciento, ha dicho, de las ayudas a acogimiento familiar para las familias extremeñas; así como la licitación de un "ambicioso" servicio de intervención terapéutica para todos los menores del sistema de protección que lo necesiten.
Finalmente, Sara García también ha recordado que se han destinado seis millones de euros en reforma y mantenimiento de los centros de menores, que se encontraban de forma "muy mejorable" a la llegada del actual Ejecutivo autonómico.
