La directora general de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia, Yohana Balas Rodríguez, ha destacado que la Junta trabaja "sin descanso" en la búsqueda de los recursos financieros necesarios que permitan garantizar la "viabilidad y sostenibilidad" del proyecto del regadío en Tierra de Barros, que es de iniciativa privada, ha destacado.
En este sentido, ha recordado que dicho proyecto cuenta con el "mayor apoyo presupuestario de la historia" por parte del actual Ejecutivo extremeño, con 20 millones de euros consignados en las cuentas del año 2025, aún sin aprobar.
Del mismo modo, Balas Rodríguez ha instado al Gobierno de España a que apoye el proyecto de regadío, que fue declarado de interés general y que, como consecuencia, tendría ese apoyo económico y financiación del Estado.
Asimismo, y junto a estas fuentes de financiación, la Junta está trabajando en la obtención de financiación europea y se están realizando y solicitando los informes oportunos que garanticen la viabilidad y elegibilidad de los proyectos y que permitan aclarar las dudas planteadas por la Comisión Europea.
En este sentido, la directora general ha apuntado que se cuenta con un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), que es un documento "positivo" y "fundamental" para despejar ciertas inquietudes planteadas por la Comisión "determinantes en el proceso de obtención de fondos".
"La aclaración de éstas nos permite avanzar en una estrategia sólida mediante la cual la región obtenga la deseada financiación europea", ha aseverado la directora general.
Balas Rodríguez ha realizado estas declaraciones durante su respuesta a una pregunta formulada en la reunión de la Comisión de Gestión Forestal y Mundo Rural en la Asamblea realizada por la diputada de Unidas por Extremadura Irene de Miguel sobre el estado en el que se encuentra el proyecto.
PÉRDIDA DE UN TERCIO DE LA SUPERFICIE POR RENUNCIAS
Balas Rodríguez ha explicado que el proyecto de regadío de Tierra de Barros tenía como objetivo inicial el desarrollo del regadío en 15.500 hectáreas, sin embargo, con el paso de los años, algunos agricultores cuyas parcelas estaban incluidas en el elenco del proyecto inicial han ido retirando sus parcelas y, actualmente, esta iniciativa cuenta con 10.500 hectáreas evaluadas por la correspondiente declaración de impacto ambiental.
Junto a estas hectáreas disponibles existían otras 3.500 hectáreas de reserva que tenían el objetivo de cubrir las bajas previsibles que pudieran producirse, sin embargo, esas hectáreas "ni estuvieron ni están incluidas en la DIA vigente".
Esta situación se comunicó a los regantes el pasado 16 de diciembre en la reunión de seguimiento del proyecto de Tierra de Barros y, con el objetivo de superar estas "vicisitudes", ha recordado que se va a llevar a cabo un análisis detallado de la nueva situación, donde se estudiarán distintas posibilidades.
Dicho estudio, según Balas, partiendo del proyecto inicial, tendrá como objetivo obtener los costes totales de la transformación y, además, verificar, en función del elenco disponible entre 12.000 y 8.000 hectáreas, los importes a abonar por los comuneros y permitirá redimensionar las infraestructuras principales y actualizar el incremento de costes.
NUEVO CONVENIO DE COLABORACIÓN
Para que esto sea una realidad, tal y como informó el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, en la Asamblea, es también necesario trabajar en un nuevo convenio de colaboración, actualmente en borrador, "sin imposiciones, pero ajustado a la realidad del proyecto".
Así, la directora general ha informado de que se está trabajando de manera conjunta con los regantes en un convenio que sea "fiel a la realidad del mismo" y que establezca los cauces de colaboración técnica y financiera entre la Junta de Extremadura y la comunidad de regantes de Tierra de Barros para la ejecución de las obras del regadío.
"Evitando errores del pasado, donde se determine el procedimiento, las obras que corresponden ejecutar a cada una de las partes, la financiación precisa para su ejecución y los compromisos asumidos por cada una de las partes", ha dicho.
DE MIGUEL INSISTE EN EL QUE EL PROYECTO ESTÁ "MUERTO"
En su turno de intervención, la diputada de Unidas por Extremadura Irene de Miguel ha indicado que podría haber retirado esta pregunta por haberse sustanciado la comparecencia del consejero la semana pasada en el pleno de la Asamblea "hablando de lo mismo" pero que la ha mantenido porque su grupo se quedó "un poco igual".
"Creo que quedaron muchas cuestiones en el aire, y aunque nosotros consideramos que este proyecto está ya muerto y que ustedes se niegan a darle el certificado de función porque no quieren ser quienes tengan que decirle a los agricultores que les han estado engañando durante tantos años, creemos que es importante que ustedes actúen con toda la transparencia posible, y creo que los agricultores de Tierra de Barros se merecen más explicaciones de las que dio el consejero", ha señalado.
En su opinión, tras escuchar las intervención de la directora general, "lejos de dar sensación de seguridad a los regantes, lo que se está dando es la impresión de que ustedes se niegan a dar por finiquitado el proyecto y quieren que lo hagan los regantes".
Así, ha planteado que le gustaría saber por qué que un tercio de las hectáreas han decidido retirarse si es un proyecto "tan bueno", "tan seguro" y "con tanto futuro", además de considerar que la Junta debería ser "más transparentes" con el coste del proyecto, porque, si se está disminuyendo las hectáreas hasta casi la mitad, "¿cuál es el coste real por hectárea para cada regante".
"Creo que el silencio que están dando ustedes, sinceramente, lejos de dar certezas, está creando mucha más intranquilidad y está generando mucho más malestar entre los agricultores", ha planteado De Miguel, que ha criticado que se considere que los 20 millones para el regadío de Tierra de Barros sea "aportación histórica" cuando esa cantidad representa el 5 por ciento del coste total.
También ha preguntado De Miguel a la directora general si se aprobará la enmienda parcial del PSOE a las cuentas para que el regadío cuente con 65 millones de euros con fondos europeos, a la que Balas Rodríguez ha respondido que esa cuestión no es de su competencia.
