La supresión del impuesto de plusvalías dictada por el Tribunal Constitucional va a impedir que la ciudad reciba un ingreso de 1.700.000 euros . Así lo ha detallado el Alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, que ha explicado que es un duro palo para los ayuntamientos, ya que con esa cuantía se costean muchos servicios públicos. Este es el segundo impuesto por el que más se recauda, tras el IBI.
Osuna, que es miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha avanzado que este jueves la organización mantendrá una reunión en Madrid para analizar la sentencia y reclamar al Gobierno una fórmula para poder enmendar esta pérdida de ingresos.
Recuerda Rodríguez Osuna que los ayuntamientos del país asumen tareas y ayudas “con presupuestos municipales que no competen a la administración local”, y destaca, además que el tributo de plusvalías “venía a suplir los gastos de la prestación de servicios públicos de los ayuntamientos. Somos las administraciones con más competencias impropias y menos transferencias del Estado”, subraya. Aún así, Rodríguez Osuna recuerda que para hacer una valoración completa del alcance de la sentencia conviene disponer del texto íntegro. Este impuesto ya estaba sometido a controversia jurídica en los últimos años.
