El gobierno municipal asegura que el único negocio que se encuentra en las instalaciones del convento, es una peluquería cuyo propietario no tenía contrato en vigor y que fue informado por parte de las madres concepcionistas que se extinguía dicho contrato. Cuando se inicia la expropiación forzosa del local, se le reconoce por parte del juzgado que puede seguir con su actividad, abonando el precio del alquiler. Ahora el consistorio está a la espera de la valoración del tribunal de valoración de la Junta de Extremadura, para poder realizar la expropiación forzosa. Por otro lado, el ayuntamiento ha intentado solucionar el problema ofreciendo una serie de cantidades económicas al propietario, que no ha aceptado, ya que su solicitud roza los 90.000 €.
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