Aprobado con 23 votos a favor y dos en contra el programa de ejecución de la modificación del Plan Parcial del Polígono El Prado. La aprobación de este programa de ejecución llega al pleno tras la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
En el año 2005 el Partido Popular, que gobernaba en ese momento, sacó a la venta esta parcela en el Polígono Industrial el Prado por el interés público que tenía esta parcela al crearse tejido industrial y generar empleo en la ciudad. La venta se ejecutó por mucho menos de lo que costaba en ese momento, el metro cuadrado en el prado estaba a 150 euros, y esta parcela se vendió a 6 euros el metro cuadrado. Según la portavoz, Carmen Yáñez, donde en un principio era uso exclusivo industrial, 16 años después, se pasa a que la construcción de esta industria sea algo residual, la industria se va a instalar en una sola parcela. Además, el propietario de esa parcela tiene la posibilidad de construir en dos manzanas, naves de uso terciario que va a poder vender o alquilar. Esto sucede por las compensaciones de los aprovechamientos urbanísticos del que se beneficiará el propietario con estas dos parcelas situadas en la Avenida Luis Ramallo, valoradas de dos millones setecientos mil euros. De esta manera la portavoz indica que se quiso beneficiar a un particular, causando perjuicio a la administración.
Fue Izquierda Unida-Mérida quien presentó en el 2018 un recurso contencioso administrativo contra la modificación del Plan Parcial del Polígono El Prado que aprobó el anterior gobierno del PP. El portavoz de Unidas por Mérida, Álvaro Vázquez, recordaba que se cedieron los terrenos de forma ventajosa y que se falsearon algunos informes. Añade, además, que resulta llamativo que haya informes dictados por algunos funcionarios del Ayuntamiento de Mérida que se muestran en contra de esa actuación y en la propia sentencia se dice lo contrario. Desde el Partido Popular, Pilar Nogales, explica que queda demostrado que no hubo tales irregularidades administrativas y que teniendo en cuenta la sentencia hay que ejecutar el procedimiento.
Sobre este asunto también se ha referido el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, explicando que la posición del equipo de gobierno es en contra de esta modificación y que es "un voto a favor obligado". Destaca que de no ser así estarían incurriendo en un delito al no aplicar la sentencia del juez. Considera que es un expolio a la ciudad y que con los millones de euros y valor en plusvalía se podrían pagar muchos servicios públicos de Mérida.
