Unidas por Mérida (Izquierda Unida - Podemos) acusa al gobierno municipal de vulnerar los derechos de los trabajadores municipales implicados en la demanda de ruidos en relación con la actividad de varios bares de Mérida, por negarles el derecho de asistencia jurídica.
Según dispone el Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos tienen derecho a la asistencia jurídica y la defensa por parte de la administración, en los casos en los que se vean implicados en alguna causa judicial por el ejercicio legítimo de sus funciones.
La negativa del gobierno de Osuna de prestar asistencia jurídica a los funcionarios municipales implicados en los juicios celebrados con motivo de los ruidos generados por varios locales en nuestra ciudad, se ve ahora acompañada por un ejercicio de manipulación, en el que primero el gobierno anuncia que sufragará los gastos de la defensa de los funcionarios absueltos, cuando en realidad el gobierno municipal únicamente se muestra dispuestos a abonar parcialmente los gastos que esta situación ha ocasionado a las personas afectadas, acudiendo a una normativa que no resulta de aplicación a un procedimiento administrativo de reintegro de gastos, como el iniciado por las personas afectadas.
Según consta en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 23 de diciembre, el gobierno municipal únicamente está dispuesto a asumir los gastos correspondientes a la liquidación presentadas por la asistencia legal, sin tener en consideración otros como pueden ser el abono del gasto generado por otros servicios obligados por ley y vinculados al ejercicio de la defensa de los interesados, como son el pago de procuradores, que según el gobierno deberá ser asumido por los empleados públicos.
Este acuerdo vienen a confirmar la animadversión del gobierno municipal a respetar los derechos de los trabajadores afectados, tal y como se demuestra el hecho de que anteriormente el gobierno se vio obligado a pagar la totalidad de gastos de idéntica naturaleza a los mismos afectados, una vez que éstos acudieron a los tribunales para que el ayuntamiento les sufragara los gastos ocasionados por un juicio muy similar al que ahora nos ocupa.
Esta situación resulta aún más vergonzosa desde el momento en el que el propio alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha utilizado los servicios jurídicos del ayuntamiento para su representación legal en un juicio celebrado hace apenas unos meses, y que tiene su causa en una demanda interpuesta por el propio Osuna contra dos vecinos de Mérida, a los que acusó de un delito de injurias.
En nuestra opinión, resulta lamentable que el alcalde niegue la protección legal a los empleados municipales que se ven envueltos en procesos judiciales vinculados al ejercicio de sus funciones, mientras él mismo emplea los servicios jurídicos del ayuntamiento que pagamos todos los vecinos y vecinas de Mérida, para solventar sus cuitas legales con vecinos de nuestra ciudad, que en ningún caso tienen relación con su condición de alcalde.
Por todo ello, exigimos al gobierno municipal que haga frente a la totalidad de los gastos generados por el ejercicio de defensa y abandone comportamientos sectarios, propios de aquellos que entienden la administración pública como un objeto de su propiedad.
