La jueza del Juzgado de lo Penal número 1 de Mérida ha absuelto a la veterinaria y a los 11 cazadores acusados de sacrificar a 41 galgos desechados para la práctica de la caza, al considerar que "no ha quedado acreditado" ninguna de las acusaciones.
La sentencia considera que "no ha quedado acreditado que manera continua y a requerimiento de sus propietarios, la acusada haya provocado la muerte de diferentes perros sanos de razas especializadas en labores de caza", sin ajustarse a los protocolos exigidos, ni que la veterinaria aplicase a estos animales una inyección letal sin sedación previo pago de 15 euros.
Además, la jueza tampoco considera probado que los propietarios de los animales "acudiesen a citada encausada, alegando que los perros ya no cumplían de manera adecuada con las funciones cinegéticas que les tenían encomendadas, considerándolos pues inservibles, ni que por ello manifestaran su intención de deshacerse de los mismos".
Hay que recordar que el 25 de agosto de 2019 agentes del Seprona en la localidad pacense de Ribera del Fresno encontraron el cadáver de un galgo en un agujero en el terreno, restos óseos y un cuchillo. "Al pasar el lector de microchip el animal estaba identificado, la perrita en cuestión se llamaba Borrasca, de tres años de edad. Su finalidad la de ser utilizada para cazar", según denunció en su momento la protectora animalista El Refugio, una de las personadas en la causa, contra la que cabe recurso.
Según esta denuncia, agentes del Seprona interrogaron al propietario que manifestó que llevó a la perra "a Sole, la veterinaria del pueblo y le dije que la perra no me vale, y me dijo, si no te vale, se le pone una inyección, se le da de baja y ya está". Entonces, "después de sacrificarla la llevé a San Isidro y la enterré y después de enterrarla le puse dos ruedas encima".
A partir de ahí el Seprona comprueba que, durante los años 2017, 2018 y 2019 la acusada dio de baja a 166 perros, "de los cuales 41 apuntaban serios indicios de responder a la misma práctica que llevó a cabo con la galga Borrasca", señala la denuncia.
Además, "11 cazadores de la comarca, indiciariamente, tenían como práctica habitual deshacerse de los perros que utilizaban para cazar cuando estimaban que nos les servían", para lo que se ponían en contacto con esta veterinaria, "quien ejecutaba presuntamente los sacrificios tanto en su centro veterinario como en las instalaciones de los propietarios dentro de la comarca".
Por esta práctica, según El Refugio, "cobraba por ello a los cazadores entre 10 y 15 euros, cantidad bastante inferior al precio estipulado en cualquier centro veterinario por una eutanasia, que suele rondar los 40 euros".
Por todo ello, la Fiscalía solicitaba 3 años y 9 meses de prisión y una multa de 4.500 euros para la veterinaria, y 15 meses por cada perro sacrificado para los cazadores.
Sin embargo, la sentencia emitida tras el proceso judicial celebrado la pasada semana absuelve a todos los acusados.
