El Tribunal Supremo ha recibido ya el suplicatorio aprobado por el Congreso el pasado 6 de octubre en el que se da el visto bueno a que se proceda penalmente contra el diputado del PP Alberto Casero por presuntos delitos de prevaricación y malversación a raíz de determinados acuerdos y contratos de servicios que realizó cuando era alcalde de Trujillo en 2017 y 2018.
Casero pidió al Supremo que archivara el procedimiento que se sigue en su contra al considerar que no existen indicios que permitan atribuirle ni prevaricación ni malversación en los acuerdos y contratos de servicios que realizó cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018.
Desde que se iniciaran las pesquisas en su contra, el dirigente del PP ha defendido que, aunque pudo haber problemas administrativos en los acuerdos y contratos que se investigan, no ha habido prevaricación alguna por su parte.
El juez Palomo, sin embargo, considera que la conducta de Casero "no solo supone reiteradas y admitidas irregularidades administrativas", sino un "modo de proceder" que identifica "su voluntarismo al margen de cualquier interpretación con un resquicio de racionalidad del ordenamiento jurídico".
